Multas sin cobrar, mientras crecen las infracciones

Una singular circunstancia se ha dado en estos días en la actividad de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Por un lado, se ha informado que se busca cobrar por vía judicial 485.000 multas que se encuentran “dormidas” porque no se activaron los expedientes a causa de los altos costos de los bonos judiciales; por otra parte, en los primeros días de la implementación del sistema de carriles exclusivos para ómnibus en el Programa Integral de Movilidad Urbana (PIMU), el centro de monitoreo registró 1.100 infracciones.

Si bien en esta etapa no hay intenciones de multar y se presume que a medida que avance el sistema podría haber menos violaciones a la norma, está claro que en el futuro habrá un aumento de la acción punitiva dado que el centro de detección tiene 200 cámaras distribuidas en el micro y en el macrocentro, en el Parque 9 de Julio y en las avenidas, con 50 personas que trabajan las 24 horas, los siete días de la semana, como se describió. Se concluye que, con seguridad, habrá más multas.

En efecto, el planteo municipal se sostiene en el hecho de que una ordenanza indica que una infracción puede ser enviada a Fiscalía para su ejecución judicial cuando el valor de la multa supera el de cinco bonos de la Caja de Previsión del Colegio de Abogados, lo que hoy suma alrededor de $ 165.000. “Tenemos 485.000 faltas en nuestro tribunal que no llegan a la Justicia, porque muchas veces nos sale más caro pagar el bono que la multa misma”, dijo la intendenta. Por ello, se ha sugerido que se podría elaborar un proyecto de ley que permita al Municipio pleitear en mejores condiciones. “La idea es generar que los ingresos de cobranzas sean retroalimentados dentro del municipio para continuar haciendo cosas para los vecinos”, explicó la jefa municipal.

Las faltas municipales tienen, por un lado, un criterio punitivo, que es sancionar la infracción, pero por otra parte llevan una intención correctiva y educativa, a fin de que se cambien malos hábitos en el tránsito. La autoridad afirma que las faltas se deben cobrar porque priorizan la seguridad ciudadana y procuran generar responsabilidad y conciencia. “Es decir -dijo la intendenta- todas las faltas que tienen que ver sobre todo con el tránsito, tienen por detrás el cuidado de la ciudadanía y de los vecinos. Y en ese contexto es que nosotros queremos judicializar esos casos que no se han cobrado, para que la gente cumpla con esa multa y al mismo tiempo concientizar desde el ejemplo, sabiendo que si yo no pago tendré consecuencia”.

Es decir, la intención es que con la concientización se contribuya a mejorar la circulación. Similares conceptos se han tenido en cuenta en estos días de implementación del sistema de carriles exclusivos, que va a funcionar si los conductores lo respetan. “La mayoría de las infracciones fueron cometidas por conductores de autos particulares y de motociclistas, que invadieron los carriles de paso exclusivo de colectivos”, dijo la directora del centro de monitoreo. “El objetivo no es hacer multas para que estas lleguen a los domicilios de los vecinos, sino que la comunidad aprenda y asuma una buena conducta para respetar los carriles exclusivos”, agregó. Un objetivo es que los vehículos de transporte público puedan circular en forma ágil, rápida y segura, añadió el secretario de Movilidad Urbana.

Queda claro, entonces, que sería muy positivo que se agilice el sistema de cobro inmediato de las faltas, a fin de que se termine el hábito de que con las infracciones “no pasa nada” porque la Municipalidad no las puede cobrar ni judicializar. Esto debe cambiar. A fin de cuentas, como dijo el secretario de Movilidad Urbana, “queremos que la PIMU funcione, y que funcione bien”.