Por Gustavo Rodríguez
14 Mayo 2024
FUERTE OPERATIVO. Personal de la ex Brigada monta guardia durante uno de los allanamientos que se llevaron a cabo el domingo por la tarde.
La Justicia identificó hasta ahora a tres mayores y a un menor como creadores o responsables de utilizar las redes sociales para generar incidentes o difundir peleas protagonizadas por estudiantes en diferentes sectores de la provincia. Hubo allanamientos y se secuestraron celulares y tablets, pero no se detuvo a ninguno de los sospechosos. Ahora se analizarán los celulares para determinar la responsabilidad penal de cada uno de ellos.
Luego de la brutal pelea registrada en Crisóstomo al 600, el martes 8, la supervisora de Educación Secundaria, Andrea Medina, denunció que alumnos de distintos establecimientos educativos estaban participando de peleas en la vía pública. También dijo que los adolescentes se congregaron a través de grupos de WhatsApp. La funcionaria aportó pruebas para que la Policía identifique a los responsables.
Personal de Delitos Telemáticos, al mando de los comisarios Bruno More, Yolanda Álvarez, Diego Bernachi y Miguel Carabajal, realizó lo que se conoce como “cyberastrillaje”. Analizaron las redes sociales y, después de conocer algunos detalles, pidieron más información que permitiera identificar a los sospechosos. Con esos elementos presentaron un informe al fiscal Mariano Fernández. El representante del Ministerio Público solicitó una serie de allanamientos, pero rechazó los pedidos de detención porque consideró que aún no tenían los elementos necesarios para que un juez los autorizara.
TRABAJO. Los policías, durante el allanamiento que hicieron ayer.
Por ahora, el fiscal sólo les informó que están siendo investigados por una causa en la que se busca descubrir si cometieron incitación a la violencia o intimidación pública. Por este último ilícito fueron acusados todos los procesados por las amenazas de bombas que se registraron el año pasado.
Las medidas
Autorizados por la jueza Fanny Siriani, los uniformados se presentaron el domingo en domicilios ubicados en el barrio El Portal (en El Manantial) y en Bajo Grande, al este de la provincia. En esas viviendas secuestraron los elementos que serán peritados. En tanto que en el único domicilio allanado en el barrio Nueva Vida no encontraron nada.
Ayer, en Villa 9 de Julio, se realizó la última medida, en este caso, autorizada por la magistrada especializada en Niños, Niña y Adolescente Elizabeth Radi. De esa casa los pesquisas se llevaron móviles. Los procedimientos fueron supervisados por el ministro de Seguridad Eugenio Agüero Gamboa.
Fuentes judiciales confirmaron que todos los elementos secuestrados serán sometidos a una serie de pericias. Con este análisis no sólo buscan sumar pruebas en contra de los acusados, sino que además intentarán identificar a otros jóvenes que pueden estar vinculados a la escalada de violencia juvenil registrada la semana pasada.
Los investigadores creen que estos sospechosos son los que crearon los grupos de WhatsApp y emplearon las redes sociales para convocar a peleas entre estudiantes de establecimientos públicos y privados. Durante los allanamientos descubrieron que tres de los cuatro señalados son mayores de edad, mientras que el restante, es un adolescente.
“No deja de ser llamativo que haya jóvenes de entre 19 y 23 años detrás de todo esto. Tenemos que establecer si realmente fueron ellos los que hicieron todo”, destacó un pesquisa. “Con el tema de las amenazas de bomba pasó algo similar. Llegábamos a los titulares de las líneas, no a los autores, pero lo mismo debieron responder penalmente”, añadió.
Paralelamente, el fiscal Fernández ya envió oficios a los responsables de WhatsApp, de Facebook y de Instagram para que remitieran datos con los que podrían establecer cuál era la actividad que realizaban en esas redes sociales los sospechosos.
“Merecen una sanción, pero quitarles el derecho a la educación es desproporcionado”
“No creo que la violencia se responda con más violencia. No hay dudas de que tiene que haber una sanción, pero resulta desproporcionado que se los expulse de una escuela y que no se les permita inscribirse en otra”, señaló la defensora de Niños, Niñas y Adolescencia de la Nación, Marisa Graham.
En una entrevista con LA GACETA Central, la funcionaria agregó: “la gresca y la violencia no están bien, pero criticamos la manera de abordar el problema. No puede convertirse esto en una cuestión policial con la presencia de efectivos en el interior de un establecimiento educativo o requisando las mochilas de los alumnos cuando ingresen a tomar clases”.
“Lo que más nos preocupa es la decisión de expulsarlos del sistema educativo. A los acusados se les puede aplicar otra sanción, pero nunca interrumpir su trayectoria educativa, que es un derecho que tienen todos los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Es un derecho que no se puede eliminar por un castigo ejemplificador”, agregó.
Graham también opinó: “en este caso no podemos decir que no hubo una reacción por parte del Estado. Después de conocerse las peleas, el gobernador Osvaldo Jaldo firmó el decreto. Lo que más nos llamó la atención es que Tucumán tiene los mecanismos de resolución pacífica de los conflictos a los que se enfrentan los chicos”.
“No tengo dudas de que merecen una sanción, pero quitarles el derecho a la educación es desproporcionado. Hay que reunir a todos los chicos, no sólo a los que participaron de las peleas, para hablar y analizar todo lo que vivieron en estos días”, comentó.
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