16 Mayo 2024
El pedido de la Provincia a la Nación para que cumpla con el compromiso asumido de garantizar el 30% de los insumos para asistencia alimentaria, que representan unos $ 8.500 millones, ha puesto de manifiesto el delicado equilibrio entre las necesidades de toda índole en las que debe invertir el Estado y el ahorro en gastos que requiere la sociedad en estos momentos de crisis extrema. En efecto, la restricción de fondos que viene practicando la Nación desde fines del año pasado ha dado lugar complicaciones en la provisión de servicios y de ayudas en la provincia, tal como muestra la situación de comedores.
Además de los insumos para sostener la crisis alimentaria que afecta, según el cálculo del ministro de Desarrollo Social, a unas 700.000 personas en Tucumán, ya el Gobierno tucumano se venía ocupando de los subsidios al transporte que había dejado de sostener la Nación. Se trata de $2.100 millones que se suman a los aproximadamente $1.000 millones que aporta la Provincia para el transporte, situación que se mantiene en la incertidumbre en medio de los recortes de la Nación.
Otro ítem del que la Provincia se ha hecho cargo es el incentivo docente y la conectividad. En marzo se estimó que el Fonid insumía el 12% del salario docente y si bien se incorporó a las negociaciones paritarias, que por ahora no están cerradas, el Gobierno asumió esa responsabilidad con expectativas, al comienzo de las clases de gestionarlo a nivel nacional.
También el Gobierno está realizando los trabajos para concluir la primera etapa de la penitenciaría de Benjamín Paz, que ya tiene un avance de aproximadamente el 50%. Se están gestionando los fondos nacionales pero mientras tanto la obra no se ha detenido, según se informó. Otro asunto del queTambién el Gobierno se hizo cargo del arreglo de la presa 3 de El Cadillal, que correspondía a la empresa Hidroeléctrica, concesionada por la Nación. La Provincia espera que le sean devueltos los fondos aportados para la obra, que está detenida e inconclusa.
Según se sabe, el criterio del Gobierno, al asumir en octubre, de eficientizar el gasto recortando partidas superfluas y reestructurando el organigrama, a lo que se sumaron propuestas como el retiro voluntario, permitió un ahorro estimado a mediados de abril en $ 220.000 millones. La idea de las autoridades es, por lo menos, reducir el gasto de modo de poder aprovechar partidas para avanzar o concretar obras importantes para la comunidad que han quedado detenidas por la fuerte restricción de gastos del Gobierno nacional.
Por ahora, todo está en un equilibrio precario, que podría entrar en fuerte tensión si no se lograra la devolución de aportes nacionales, si hay gastos no previstos o emergencias de las que hay que hacerse cargo, como fue la de El Cadillal. Esto requiere profundizar la ingeniería del gasto público, para poder establecer previsiones que permitan sostener de modo eficiente el funcionamiento del Estado en medio de esta profunda crisis.
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