Los diputados apoyaron el ajuste del Estado

Un principio útil para la vida política es desconfiar de quien tiene poder. Por eso el diseño del juego institucional debe reducir las tentaciones que tengan los gobernantes de abusar de sus cargos. Pero al mismo tiempo la vida en sociedad implica confiar la decisión pública a otros. Con eso en mente, ¿cómo ver el proyecto de mejora jubilatoria aprobado por la Cámara de Diputados? Si fuera cuestión de fe, sería un guiño al Presidente. Sin bajar sus banderas públicas la oposición le abrió la puerta para encarar las reformas económicas con más fuerza. Motosierra, desregulación, apertura y más impuestos son la contracara del proyecto.

Está probado, sobre todo en Argentina, que los déficits fiscales desmadrados son perjudiciales y en especial para niños y ancianos. En consecuencia, la única manera de evitarlos y que el proyecto funcione es bajar otros gastos o subir impuestos. Lo primero no alcanza una sola vez sino periódicamente pues si los egresos previsionales superan la recaudación de aportes y tributos entonces sólo pueden cubrirse recortando gastos. Si con jubilaciones empeorando el porcentaje del gasto jubilatorio sobre el presupuesto público es creciente, puede imaginarse mejorando. Poco a poco el Estado irá renunciando a otras funciones y terminará siendo una gran caja pagadora de retiros. No es igual, pero se acerca al sueño libertario. ¿Una reivindicación K de Carlos Menem?

Al margen, es bueno ver que los peronistas superaron traumas recientes como el veto de Cristina Fernández al proyecto del 82 por ciento móvil para los jubilados, el no pago de miles de sentencias firmes a favor de los pasivos (para quienes se aplicaba la orden de apelar siempre sin que importara la edad del demandante), el incumplimiento por Alberto Fernández de su promesa de usar los intereses de las Leliq para incrementar los haberes y la ley previsional de 2019, peor que la de 2017.

Tal vez no sea cinismo sino Evolución (la mayúscula sólo por énfasis, sin más connotaciones). Véase su posición sobre el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. En vez de aceptar liquidarlo recomponiendo los haberes sostuvieron que no se debía tocar. Tal vez apostando a que eventualmente sucederán a Javier Milei esperan usarlo en cubrir dádivas presentadas en nombre de la solidaridad y los derechos de modo que los jubilados, que con el nuevo gobierno peronista ganarán más y no necesitarán ese Fondo, financien computadoras regaladas, viajes subsidiados o partidos de fútbol como antes, si bien entonces los pasivos veían empeorar sus ingresos (pero esta vez volverán mejores; buena idea para lema).

Por su parte, los radicales fueron socios pero se entiende. En 1989 Eduardo Angeloz usaba en la campaña presidencial la imagen del lápiz rojo para mostrar que su actitud sería de austeridad fiscal. ¿Lo reivindican ahora, incluso quienes se dicen alfonsinistas? Justamente, también es posible que recordaran cuando a Raúl Alfonsín, ante la discusión sobre si juzgar a todos o sólo algunos de los militares del Proceso, Fidel Castro le mandó un mensaje: al veneno lo tomas o no, pero no haces buches con él. Traducido a hoy, shock o nada. No hay espacio para el gradualismo.

Todo esto viene a cuento ya que es impensable que los diputados no consideraran el impacto de su decisión sobre las cuentas públicas porque un resultado fiscal sostenible es básico. Con equilibrio fiscal el Banco Central emite mucho menos pues el gobierno ya no le pide prestado. Por lo tanto, se combate la inflación. Y el gobierno tampoco pediría prestado en el mercado.

Eso significaría que el principal demandante de dinero se retiraría, lo que no es menor. Si el gobierno dejara de pedir prestado se multiplicarían los fondos disponibles para el sector privado y más oferta de crédito es menor tasa de interés. Como al mismo tiempo los plazos fijos deben rendir una menor tasa, cobrar menos por prestar dinero es posible. Así, eliminar el déficit fiscal ayuda a bajar la inflación y a reactivar la economía pues el crédito al sector privado puede ser al consumo, lo que significa mayor demanda, o a la producción, lo que significa mayor oferta y toma de mano de obra.

Sí, en el mundo hay países con déficit y con baja inflación. Pero con valores de ambos mucho menores que en Argentina y antecedentes y organización política mejores. En este país, por su historia y estructura de gasto y política, el déficit moderado no alcanza.

Como no es razonable disponer gastos sin financiamiento (y los jubilados sufren hoy por la falla estructural del sistema de reparto pero también por la irresponsabilidad fiscal) lo coherente sería aprobar de inmediato la Ley Bases y luego apoyar sin dudar el cierre de Aerolíneas Argentinas, Telam, Río Turbio y cualquier empresa u organismo público con tareas que el sector privado haría mejor o que sean innecesarias, como también la suba de las tarifas para poder eliminar los subsidios a los servicios públicos, eliminar exenciones impositivas como las de Tierra del Fuego y aprobar la reforma fiscal. Por ese camino los aumentos de haberes impactarían menos en el gasto público pues con una economía creciendo gracias a las reformas la recaudación también lo haría.

Además, lavarían el aumento de dietas que se dieron. Que no es injustificado en teoría, pero como siempre en las crisis es cuestión de ejemplos. Peor cuando no muestran una productividad tal que lo merezcan.

Todo esto, volviendo al principio, teniendo fe en los políticos. Que no es lo más sano. Ya se vio el año pasado cuando al aumentar el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias no lo compensaron con reducción de gastos. Más bien hoy se observa abuso de confianza por tomar una medida que sin otras que la sostengan al final perjudicará a los mismos jubilados y sirvió para esconder el mantenimiento de jubilaciones de privilegio. Lo quieran o no, como mínimo los diputados justifican al Presidente.