Funcionarios de Seguridad deben respaldar la lucha contra el narcotráfico en Tucumán

En respuesta a la creciente amenaza del narcotráfico que afecta a todo el país, el gobernador, Osvaldo Jaldo, tomó una firme decisión política para combatir esta problemática en Tucumán. Con la intención de evitar que la provincia sufra una crisis similar a la de Rosario, el mandatario tucumano ha enfatizado la necesidad de un esfuerzo coordinado y comprometido por parte de todos los funcionarios del área de seguridad.

El narcotráfico no solo ha penetrado en la política, sino que también utiliza el poder obtenido para legitimar sus actividades delictivas. Los crímenes asociados a este flagelo abarcan desde el cultivo ilegal para la producción de estupefacientes hasta el lavado de dinero y la obtención de beneficios a través de recursos criminales. En este contexto, la campaña contra el narcotráfico lanzada por Jaldo cuenta con su sólido respaldo, pero enfrenta serios desafíos operativos y de recursos.

En particular, la Dirección General de Drogas Peligrosas (DIGEDROP) enfrenta una notable escasez de personal en el norte de la provincia. Desde Las Talitas hasta el límite norte, la DIGEDROP opera con solo cinco a siete efectivos por turno, lo que apenas alcanza para realizar controles intermitentes de 15 a 20 minutos en la Ruta 9. Sin embargo, existen más de 40 caminos y pasos ilegales que no pueden ser vigilados adecuadamente con tan pocos agentes.

La situación es tan crítica que incluso una guardería infantil para hijos de policías, la Guardería Pollitos Azules, cuenta con más efectivos que la DIGEDROP. Aunque Tucumán es la única provincia que dispone de escáneres móviles, lo cual es un avance significativo, la DIGEDROP carece de equipos básicos como espejos para inspeccionar la parte inferior de los vehículos. Actualmente, casi el 90% de los operativos antidrogas son realizados por las comisarías y la brigada.

Además, la estructura judicial es insuficiente para abordar la magnitud del problema. En la capital de Tucumán solo hay una fiscalía dedicada a los delitos de narcotráfico, y una más en el sur de la provincia. Según los expertos, se necesitarían al menos cinco fiscalías en la capital y tres en el sur para enfrentar adecuadamente este flagelo.