Proteger las obras de viviendas

En el informe sobre la situación de las obras públicas en la provincia y cómo ha afectado al sector de la construcción y al de la vivienda se ha señalado el alto riesgo que se corre de que varias edificaciones sin terminar, cuyos trabajos se encuentran detenidos desde hace meses, sean vandalizadas o usurpadas, además de que los proyectos sin concluir se ven castigados por las inclemencias del tiempo, según señaló el presidente de la Cámara Tucumana de la Construcción. “Lamentablemente, están sufriendo un deterioro a medida que pasa el tiempo, y el daño es mayor”, dijo. “Da mucha lástima porque es un patrimonio muy grande del Estado que se está perdiendo”, añadió.

La idea de que se está perdiendo patrimonio del Estado, es decir de toda la sociedad, es amplia y merece un análisis detallado para entender la magnitud del problema. Baste recordar que la principal área de viviendas construidas en los últimos tres lustros, el megabarrio Manantial Sur, ya ha sufrido una gigantesca vandalización derivada de los parates causados por problemas económicos por la persistencia del problema inflacionario. No sólo hubo que gastar de más por atrasos y pérdidas de materiales y de construcciones, con actualizaciones y cambios y renovaciones de contratos, sino que hubo que hacer una nueva ley para relanzar obras para reconstruir 1.000 viviendas que habían sido arrasadas completamente por robos y vandalismo.

Mil familias que habían estado años esperando debieron resignarse a más años de espera. La sociedad tucumana pagó dos veces por cada una de esas viviendas destruidas y ahora, al cabo de tres trimestres de paralización de obras en la Provincia, 120 de esas casas aún esperan la reconstrucción y no se sabe cuántas no fueron todavía entregadas y están en peligro de ataques por falta de cuidados.

Según se informó, el Instituto de Vivienda ha debido recurrir al apoyo del Ministerio de Seguridad para evitar la vandalización y la usurpación de los inmuebles en la zona de La Costanera y de Manantial Sur y ante las dificultades para custodiar algunos predios que habían sido donados por la Provincia para la ejecución de viviendas sociales, las autoridades del IPV se vieron forzadas a iniciar los trámites para la devolución de esos dominios, al menos hasta que se consigan fondos parta la construcción se infraestructura, dado que tampoco se cuenta con recursos para colocar vigilancia permanente. “Muchas veces el propio Estado no puede contener esta situación; no es difícil imaginarse cómo es para los privados. En ocasiones, contamos con cuatro o cinco personas para custodiar un predio de 10 hectáreas donde se ejecutan barrios u otras obras”, dijo el titular de la Cámara de la Construcción.

En efecto, las empresas, que antes pidieron auxilio del Estado porque no podían vigilar las obras y los barrios sin terminar que terminaron siendo vandalizados, ahora dicen estar en una etapa peor, en la que están empezando a liquidar maquinarias y equipos, de lo que cabe inferir que no están pudiendo custodiar nada y el daño inmediato o en mediano plazo por vandalismo es prácticamente seguro. Es decir que no sólo habrá que replantear cómo concluir lo que ya se ha comenzado y quedó detenido, sino que hay riesgo de que se termine gastando el doble o el triple en algunas de esas obras.

Los constructores plantean, frente a la crisis, que es preciso un plan de desarrollo que complemente el plan de ajuste, es decir alternativas no sólo ante la detención de obras sino para hacer frente a la emergencia y evitar que las cosas empeoren a causa del abandono. Sobre todo porque, en cuanto a viviendas, apenas se está hablando del 10% de las necesidades que tiene la población tucumana y los requerimientos se van a intensificar en medio de la crisis.