El Gobierno tiene 48 horas para detallar cómo va a distribuir alimentos en los comedores

El juez en lo contencioso administrativo federal Martín Cormick ordenó al Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello, que informe en 48 horas cómo garantizará el derecho a la alimentación en comedores populares. Esta decisión se da en el contexto de una resolución previa del juez Walter Lara Correa, quien había dictado una cautelar a favor de un amparo colectivo presentado por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) para asegurar la continuidad de los programas alimentarios.

El juez Lara Correa había establecido que el Ministerio de Capital Humano no debía modificar los planes y programas alimentarios vigentes, aunque permitía la reestructuración y auditoría por parte del Poder Ejecutivo Nacional para mejorar dichos programas. Según el Gobierno, la resolución reconocía el trabajo realizado por el Ministerio, aunque la implementación de los planes actuales podía ser revisada y reestructurada.

La semana pasada, el juez Cormick habilitó la feria judicial para abordar la urgencia del caso, dando finalmente un plazo de 48 horas al Ministerio para presentar un plan documentado. Esta causa había sido iniciada a principios de año por organizaciones que denunciaron la discontinuidad en la entrega de alimentos, transformándose en un amparo colectivo que invitó a más organizaciones a participar.

En paralelo, Juan Grabois presentó una denuncia penal contra Pettovello por incumplimiento de deberes, ya que el Gobierno tenía almacenadas casi 5 toneladas de comida con fechas de vencimiento cercanas. El juez federal Sebastián Casanello ordenó presentar un plan para la distribución de estos alimentos. Aunque la resolución fue apelada y ratificada por la Cámara Federal y la Cámara Federal de Casación Penal, el Gobierno llevó el caso a la Corte Suprema, argumentando que la distribución de alimentos es una decisión política y no judicializable.