Diputados aprobó la ampliación del Registro de Datos Genéticos

Todas las personas que están acusadas de haber cometido un delito deberán aportar su perfil en el Registro Nacional de Datos Genéticos que luego podrán ser utilizados para esclarecer causas. Ese es el espíritu del proyecto de ley que el miércoles fue aprobado por Diputados y ahora deberá ser tratado en la Cámara de Senadores. En nuestra provincia está en vigencia una norma similar, pero su aplicación no es sencilla, puesto que varios defensores se oponen a que sus asistidos queden registrados. 

En 2013 se aprobó el Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual. Según esta norma, el registro tiene como fin exclusivo facilitar el esclarecimiento de los hechos que sean objeto de una investigación judicial en materia penal vinculada a estos ilícitos. También se estableció que la base de datos sirve para almacenar y sistematizar la información genética de individuos condenados para asegurar la individualización de las personas responsables y facilitar la identificación de autores no individualizados.

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich envió un proyecto para ampliar este banco de datos. Pretendía tres cambios fundamentales. El primero que se amplie el registro incorporando los perfiles de las personas que cometieran todo tipo de delitos y no sólo los de abuso sexual y que el ADN se obtenga antes de que sean condenadas. También habilitó que familiares de personas extraviadas entreguen de manera voluntaria su perfil para facilitar su búsqueda. Por último, requirió que el Registro dependa del Ministerio de Seguridad y no de Justicia, como ocurre actualmente.

Sanción

El proyecto fue finalmente tratado en Diputados. Hubo una fuerte discusión y el oficialismo tuvo que aceptar introducir algunas cuestiones para que obtuviera media sanción. En caso de que la Cámara de Senadores confirme los cambios, por el momento, sólo se aplicará en la justicia federal y nacional. Las provincias deberán adherirse a través de una ley para poder ponerla en práctica. Esto fue lo que se aprobó:

- Perfiles genéticos de una persona mayor de edad imputada, procesada o sobre la que recayese resolución judicial equivalente, o condenada en un proceso judicial o huellas que se encontraron asociadas con su identificación, así como los perfiles de quienes no fueron condenados por mediar una causa de inimputabilidad penal.

- Se considerará persona imputada desde el primer llamado efectuado con el objeto de recibir declaración indagatoria o equivalente.

- En el caso de los menores de edad, sus perfiles genéticos sólo podrán ser incorporados si fueron declarados penalmente responsables por la comisión de un delito.

- Los datos serán removidos cuando la persona imputada, procesada o condenada sea desvinculada de la investigación a través de una resolución judicial que adquiera certeza de cosa juzgada, o cuando no se haya resuelto la situación procesal y la etapa de investigación se extienda por más de tres años.

- El registro seguirá siendo controlado por el Ministerio de Justicia.

- Los familiares de personas desaparecidas podrán presentar de manera voluntaria su perfil genético.

El tratamiento de la norma generó un gran debate a partir de los planteos y cuestionamientos realizados por los representantes de los distintos partidos políticos que componen la Cámara de Diputados. En Tucumán hubo distintas miradas respecto a la media sanción y a lo que implicaría la ampliación del Registro Genético en los procesos penales.

Un punto cuestionado fue la incorporación de los perfiles genéticos de los menores de edad. El abogado penalista, José Del Río, en diálogo con LA GACETA sostuvo que este punto de la ley podría incurrir en una contradicción en cuanto al resguardo de la intimidad de los menores de edad condenados.

“Una ventaja que tiene el régimen penal de menores es que está prohibido asentar una sentencia de condena a menores en el Registro Nacional de Reincidencia. El objetivo de esto es que el menor al tramitar un certificado de buena conducta figure sin antecedentes para evitar que sea estigmatizado. Teniendo en cuenta esto sería contradictorio que se cree un perfil genético porque no se estaría respetando la intimidad de un menor condenado”, explicó el profesional.

Del Río consideró que la modificación de la Ley es una herramienta que ayudará a resolver investigaciones en un futuro ya que así se podrán determinar las identidades de sujetos que hayan cometido delitos no solamente de índole sexual. Sin embargo, planteó que el nuevo proyecto no sólo afecta a la intimidad de los menores de edad sino de cualquier ciudadano que pueda verse involucrado en una causa penal. “Se le tomaría el perfil biológico a una persona por el solo hecho de estar procesada. A mí criterio esto también causa un estigma y entiendo que hasta puede llegar a haber planteos de inconstitucionalidad por violación al principio de intimidad y de reserva y con el principio de inocencia”, dijo.

El penalista Álvaro Zelarayán coincidió con lo planteado por Del Río respecto del perfil genético de menores, pero marcó su diferencia en cuanto a la posibilidad de la inconstitucionalidad. “No es inconstitucional porque estamos hablando de gente que va a quedar imputada en un delito, no es que van a agarrar a personas aleatorias en la calle y les van a exigir que aporten sus datos genéticos y de ahí armar una base de datos. Está dentro de las prerrogativas del Estado, creo yo, sobre todo porque ya está el antecedente del banco genético para los agresores sexuales. Si lo veo como una herramienta importante para poder resolver algunos delitos para que no queden impunes”, argumentó.

Caso emblemático

Entre febrero de 2007 y marzo de 2009, 11 barrios de tres ciudades diferentes vivieron angustiados. Un desconocido abusó sexualmente de ocho niñas (esos fueron los casos denunciados y siempre se pensó que hubo más) y nadie lo podía atrapar. Se formó un equipo especial dirigido por la fiscala Adriana Giannoni que tomó dos medidas: acumular todas las causas y comparar el perfil genético del sospechoso con los que se habían obtenido en otras causas por este tipo de delito. Al no haber un registro único, la tarea fue titánica.

El caso se resolvió de una manera insólita. Gustavo Penacino, uno de los genetistas más reconocidos del país, se comunicó con la fiscala para informarle que había encontrado una coincidencia entre los perfiles del hombre que estaba buscando. La muestra pertenecía a Oscar Emilio Fernández, un albañil que había sido absuelto en un polémico caso de abuso sexual. Fue enjuiciado y declarado culpable en seis de los ocho ataques de los que había sido acusado. Terminó recibiendo una pena de 29 años.