04 Septiembre 2024
Un nuevo revés judicial sufrió Alberto Fernández. El fiscal Carlos Stornelli lo imputó formalmente en la causa que se abrió luego de que el ex ministro de Economía, Martín Guzmán, dijera que el aislamiento durante la pandemia de coronavirus SARS-CoV-2 se habría extendido por razones políticas.
Tras la denuncia presentada por el fiscal Guillermo Marijuan, Stornelli impulsó la causa y ordenó no sólo recabar datos estadísticos y normativos durante el encierro por la irrupción del covid-19, sino también llamar a declarar a un grupo de economistas.
“Se investigarán en autos las posibles conductas delictivas llevadas a cabo en presunto abuso de autoridad y en violación de los deberes de funcionario público, sin perjuicio de toda otra figura que pudiera surgir con el devenir de la investigación, en que habría incurrido, cuanto menos, el ex Presidente de la Nación, Dr. Alberto Ángel Fernández, al extender -según se denuncia- por razones indebidas, mediante el dictado de los respectivos actos normativos, las restricciones sanitarias correspondientes a la pandemia declarada con motivo del covid-19, que comenzara en el año 2020”, sostuvo el fiscal en el dictamen al dar inicio a la investigación, consignó el portal Infobae.
Allí se destacó que quien fuera titular del Palacio de Hacienda de aquella gestión de gobierno sostuvo en una entrevista periodística que “dada la información técnica que tenía, fue más larga de lo que tendría que haber sido” y que ello obedeció a motivos de conveniencia política o una suerte de “bandera más política”, ya que le estaba yendo “bien con la sociedad” y “la administración de la pandemia es lo que hacía fuerte al Gobierno”. “Entonces, por mucho tiempo era ‘no, no, no se puede (relajar la cuarentena)’”, añadió.
En su dictamen, Stornelli ordenó recabar la totalidad de las normas y disposiciones dictadas por el Poder Ejecutivo Nacional con motivo de la pandemia del covid-19, a través de las cuales se establecieron restricciones para las libertades ambulatorias de las personas, la posibilidad de llevar a cabo reuniones de cualquier tipo y sobre las distintas actividades económicas y sociales. “A su vez, resultaría de interés contar con aquellos antecedentes técnicos -y dictámenes jurídicos- que dieron sustento a aquellas decisiones, debiéndose recabar, al efecto, los expedientes completos”, añadió.
Tras disponer incorporar a la causa los videos y la transcripción de la entrevista de Guzmán, Stornelli también dispuso solicitar a la Organización Mundial de la Salud -y a cualquier otro organismo internacional que corresponda- que brinde información estadística acerca de las medidas sanitarias dispuestas por los distintos países del mundo, indicando la extensión de las restricciones, el grado de las prohibiciones y/o regulaciones dispuestas, las implicancias que dichas medidas tuvieron sobre las libertades de los ciudadanos y los resultados obtenidos en cuanto a la prevención de contagios.
Además, promovió convocar a los distintos economistas mencionados en la denuncia realizada por el legislador porteño Yamil Darío Santoro y los abogados José Lucas Magioncalda e Ignacio Falcón, quienes también denunciaban a Alberto Fernández por los dichos de Guzmán, pero por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario, abuso de autoridad y privación ilegítima de la libertad.
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