Por Gustavo Rodríguez
02 Octubre 2024
UNA IMAGEN COMPROMETEDORA. Con un dron se tomó una imagen en la finca donde se construyó el reservorio de agua. Gentileza Pablo Salcedo
La audiencia fue tan extensa como polémica. La historia dirá que, después de un debate de más de tres horas, el productor Juan Zamora fue acusado de robar agua para poder regar sus campos, una imputación que no tendría antecedentes en la historia judicial de la provincia. El acusado, al que le dieron 10 días para regresar de Europa y ponerse a disposición de las autoridades, deberá cubrir una caución de $100 millones para seguir el proceso en libertad. Por primera vez desde que se puso en vigencia el actual código procesal penal de la provincia se fijó un monto tan grande.
El auxiliar Rodrigo Bilbao, siguiendo las instrucciones de la fiscala María del Carmen Reuter, acusó formalmente al productor de haber utilizado mano especializada para apoderarse del agua que se tomaba del río Las Cañas para abastecer a la cisterna de Lomas de Imbaud y llevarla a una laguna que tiene en una propiedad que está a su nombre. Pero luego comenzó a contar algunos detalles desconocidos sobre el caso. Por ejemplo, las maniobras que podrían haber realizado para evitar una imputación.
Por ejemplo, relató que dos empleados de la empresa del acusado testificaron que la represa se alimentaba con el agua de dos pozos que había dentro de la propiedad. Sin embargo, Bilbao contó que el lunes se realizó una medida clave para desacreditar esa posibilidad. “Ingenieros de la Policía, personal de la SAT y del ECIF concurrieron a analizar esos pozos. El informe fue categórico: no había manera de extraer agua desde allí porque ni siquiera tenían una bomba”, aseguró.
La querellante Valeria Abdo agregó otro detalle: “Personalmente concurrí desde el primer día al lugar donde está la represa y ayer (por el lunes), cuando realizamos esta pericia, nos dimos cuenta que habían colocado mangueras desde los pozos hasta la represa. Esa fue una burda maniobra para confundirnos”.
Bilbao también aseguró que una ejecutiva de la firma confirmó que el campo donde se construyó la represa era del imputado y no de la empresa familiar. Sin embargo, otros trabajadores coincidieron que pertenecía a la firma que se dedica a la exportación de limones orgánicos y la producción de un tipo de lima y de paltas.
Después de contar otros detalles, Bilbao dejó en claro que el Ministerio Público iría con los tapones de punta. Pidió que se lo acusara de robo agravado en concurso real y usurpación de agua. Basó su pedido al considerar dos puntos: el primero de ellos, que se ejerció violencia para sustraer el líquido y, segundo, por el daño que generó a terceros complicando el normal suministro de agua a un importante sector de Yerba Buena.
Abdo y Walter Ojeda, que asumieron el rol de querellantes en nombre de la empresa, compartieron la postura de Bilbao y pusieron particular énfasis en el daño que había provocado el acusado con su conducta.
La defensa
“Ahora estoy en Roma. Salí ayer de España por cuestiones laborales”, explicó Zamora al hacer uso de la palabra y después de que el juez Federico Moeykens le solicitara mayores precisiones porque sólo declaraba estar en Italia. “Me gustaría pedir algunas precisiones”, agregó, por lo que rápidamente el magistrado le advirtió severamente que él no podía interrogar a las partes. Luego se llamó a silencio.
Los defensores Camilo Atim, Juan Pablo Di Llela y Pablo Campero Romano se opusieron a la formulación de cargos al tener en cuenta que el agua es un bien inmueble y por esa razón correspondía que se lo acuse de usurpación. “El Ministerio Público está perdiendo la objetividad y quiere acusar de un delito inexistente a nuestro asistido”, indicó Atim, iniciando así una discusión jurídica.
Sin embargo, Moeykens decidió acusar a Zamora de robo simple que terminó provocando inconvenientes a los vecinos de Yerba Buena. Si bien es cierto que no es la acusación más grave, contempla una pena de entre un mes y seis años de prisión, más de los dos años como máximo que podría haber sido condenado si es que lo encontraban culpable de usurpación.
Otra polémica
En medio de una fuerte discusión jurídica, el magistrado interviniente habló sobre la gravedad del caso. “El agua es un derecho humano porque forma parte de la vida cotidiana y del entorno de las personas. Presuntamente, más de 7.000 usuarios y sus familias se vieron privados de este recurso vital para el consumo, el saneamiento, el lavado de ropa, la preparación de alimentos y la higiene personal y doméstica”, explicó Moeykens a la hora de comenzar a fundamentar su resolución.
“La magnitud del hecho por el que fue acusado el señor Zamora conlleva la necesidad de contar con su urgente presencia en la provincia a los fines del normal desarrollo de la investigación que lleva adelante la Unidad Fiscal, debiendo el mismo quedar sujeto a proceso a efectos de evitar el entorpecimiento de la investigación, frente a sus posibilidades de evadirse de la misma”, agregó.
Por esa razón, tal como lo había solicitado Bilbao, ordenó que el 11 de este mes debe presentarse ante las autoridades, ya que él había reconocido que regresaría el 21 porque tenía acordado participar en varias reuniones por cuestiones laborales.
También prohibió que saliera del país sin autorización judicial, pero rechazó, por pedido de los defensores, que entregara su pasaporte para garantizar esta medida. Por último, no objetó el monto de $100 millones que debe presentar como caución. Puede hacerlo depositando esa suma en efectivo o presentando bienes por ese precio o de un valor superior como garantía.
La postura del acusador: sin una solución alternativa
La estrategia de la fiscala Reuter quedó demostrada en esta audiencia. El auxiliar Bilbao ya anunció que la causa no será cerrada a través de una solución alternativa, sino que se cerrará con una pena, es decir, como mínimo con un juicio abreviado.
DURO PEDIDO. El auxiliar fiscal Rodrigo Bilbao durante el debate.
Durante toda la audiencia el representante del Ministerio Público planteó la posibilidad de que el acusado Zamora sea imputado por el delito más grave, pero debió conformarse con una calificación intermedia que contempla una pena de cumplimiento efectivo. “El agua es un elemento de uso común, escaso, finito y esencial para sostener la vida, el desarrollo y el ambiente. Constituye un recurso cíclicamente renovable y vulnerable, por lo que será premisa básica garantizar su aprovechamiento racional, eficiente y equitativo, teniendo en cuenta el beneficio de las generaciones actuales y futuras”, destacó.
Los planteos de la querella: en defensa de los usuarios
“Este es un hecho que tiene una gravedad sin precedentes. Para satisfacer cuestiones personales, se privó del servicio a un importante sector de Yerba Buena”, aseguró Ojeda, uno de los querellantes de la Sociedad Aguas del Tucumán que intervino en el caso.
Walter Ojeda
“Está perfectamente demostrado que el señor Juan Zamora, sabiendo que estaba provocando un daño, no sólo realizó una conexión clandestina, sino que además utilizó un sistema que aseguraba la llegada del agua a su laguna impidiendo que llegara el agua a la cisterna de Lomas de Imbaud”, sostuvo Abdo, que también representa a la SAT.
Valeria Abdo
La imputación que recibió Zamora, no sólo se encamina a que el caso termine con una pena ejemplar, sino que además le abre las puertas a las autoridades de la SAT a reclamar una reparación económica.
La estrategia de la defensa: ¿propondrán un acuerdo?
El objetivo más complicado lo terminaron cumpliendo en la audiencia de ayer. Los defensores Atim, Di Lella y Campero Romano lograron evitar que su defendido fuera acusado de robo agravado y sí que le imputaran el delito de robo simple. La calificación otorgada evitó la posibilidad de que se le dictara, por ejemplo, la prisión preventiva.
ATENTOS. Los defensores Juan Pablo Di Lella y Camilo Atim.
“El Ministerio Público debe ser objetivo en la acusación y no por intentar dar un ejemplo se violará sus derechos”, sostuvo Atim. “Él siempre estuvo a disposición de la Justicia, incluso estando en el exterior”, agregó Di Lella.
Ahora los profesionales deberán analizar cuáles serán los pasos a seguir. Aunque el Ministerio Público ya fijó la postura de que el caso se cierre con una condena, no se descarta que los defensores propongan una probation millonaria para evitar un proceso penal.
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