La Corte Suprema anuló la destitución de Cecilia Goyeneche, la ex fiscal de Entre Ríos que investigó al gobernador Urribarri

En un fallo con decisión unánime, la Corte Suprema de Justicia hizo lugar a un recurso extraordinario presentado por la procuradora adjunta de Entre Ríos, Cecilia Goyeneche, y anuló la sentencia del Superior Tribunal de Justicia provincial que había ratificado su destitución. En una sentencia de 32 páginas, a la que tuvo acceso LA GACETA, la Corte, con las firmas de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, determinó la nulidad de lo actuado desde la conformación inicial del jurado que llevó adelante el juicio político, señalando que hubo graves irregularidades que afectaron las garantías del debido proceso y el derecho de defensa de la fiscal, quien meses antes había acusado al ex gobernador Sergio Urribarri por corrupción, por lo que finalmente fue condenado a ocho años de prisión.

“Estos vicios afectaron seriamente las reglas del debido proceso y la garantía de defensa en juicio y, por tanto, eran suficientes para acarrear la nulidad del juicio político seguido en su contra”, dijeron los jueces del Máximo Tribunal. 

Afirmaron que la Corte entrerriana omitió tratar cuestionamientos relacionados con la ausencia de imparcialidad del Jurado de Enjuiciamiento. Entre ellos, los vinculados a la participación de dos integrantes del jurado que previamente habían intervenido en su carácter de vocales del Superior Tribunal en la causa penal que diera origen al juicio político. 

Además, consideró que el órgano acusador no estaba debidamente conformado, por haber sido desplazados todos los integrantes del Ministerio Público Fiscal y haberse designado un fiscal ad hoc de la lista de conjueces del Superior Tribunal de la provincia.

La acusación contra Goyeneche comenzó a fines de 2021, cuando fue señalada por “mal desempeño de sus funciones”. En mayo de 2022 fue destituida de su cargo por el Jurado de Enjuiciamiento de Entre Ríos, acusada de “conductas incompatibles con el ejercicio del cargo”. A partir de esto, la ex fiscal anticorrupción recurrió tanto al Jury como al Superior Tribunal, negó las acusaciones y exigió “un proceso justo que respete sus garantías a la defensa en juicio”. 

Tras el rechazo a su apelación en la justicia provincial, la funcionaria recurrió a la Corte Suprema, entidad que finalmente revocó la sentencia. “Resulta, por lo demás, llamativo, el celo que exhibe el superior tribunal por intentar asegurar la imparcialidad del órgano acusador -que, en su visión, se encontraba afectada en beneficio de la magistrada enjuiciada, a pesar de lo dispuesto por la normativa aplicable que aventaba ese riesgo-; celo que contrasta claramente con el modo completamente dogmático y desentendido de los principios constitucionales en el que abordó los planteos que, en orden a la imparcialidad tanto del órgano acusador como del juzgador, había formulado sobre bases serias la recurrente. Esta asimetría en el tratamiento de las cuestiones vinculadas a la imparcialidad con que deben ser conducidos este tipo de procedimientos resulta, naturalmente, inadmisible y es una muestra más de los graves defectos que descalifican lo decidido”, afirmó la Corte Suprema.

Goyeneche era la Procuradora Adjunta de Entre Ríos e intervino en varias causas de relevancia política como los “Contratos de la Legislatura” provincial, en el que se había revelado un entramado para tomar del Estado vía contratos de locación ingentes recursos públicos todos los meses durante años y que implicó sumas millonarias. El eje de la acusación contra Goyeneche apuntó a la relación que ella y su esposo, el contador Sebastián Orlando Bertozzi, tenían con Pedro Opromolla, uno de los principales imputados en la causa. Justamente sobre esa base, la Corte declaró la nulidad de lo actuado desde la conformación inicial del órgano juzgador y aclaró que ello no implicaba abrir juicio sobre los hechos que motivaron el inicio del juicio político contra la fiscal.

En su currículum, la ahora restituida funcionaria formó parte además de los fiscales que investigaron al exgobernador Urribarri, condenado más tarde a ocho años de prisión.

 Tras conocer la noticia, Goyeneche habló con Cadena 3. "Estoy totalmente sorprendida por la noticia. Creo que es un acto de justicia, un acto muy necesario", dijo y aseguró que su destitución había sido "acto mafioso de mensaje hacia otros funcionarios judiciales”.