Por Gustavo Rodríguez
09 Diciembre 2024
LAS CONSECUENCIAS. La investigación por la venta de droga en el penal generó polémica y cambios de autoridades. la gaceta / foto de diego araoz
La causa en la que se investigaba una red de tráfico y de comercialización de drogas en el penal de Villa Urquiza está a un paso de quedar en la nada. De los 17 investigados -entre ellos, el ex juez de Ejecución Penal Roberto Guyot y varios de los ex integrantes de la cúpula del Servicio Penitenciario- sólo uno será procesado; y únicamente por tenencia simple de estupefacientes, un delito mucho menor del que estaba siendo acusado.
Se trata de un caso complejo, que tuvo numerosos inconvenientes y estuvo acompañado por situaciones extrañas. Una causa en la que aparece el asesinato de un interno, la sospecha de que existió otro crimen que fue caratulado como suicidio y todo tipo de vejaciones que habrían cometido los responsables del cuidado de los detenidos.
La investigación se había iniciado en 2015, a raíz de una denuncia que daba cuenta de que en la cárcel más importante de la provincia, un grupo de funcionarios obligaba a los detenidos a que vendieran a sus compañeros de encierro psicotrópicos, marihuana y cocaína que ellos les entregaban. Con el correr del tiempo, surgieron más demandas sobre este tipo de ilícito, en las cuales se repetían los nombres. Y luego de una larga disputa procesal se resolvió acumularlas.
En noviembre de 2020, después de que las autoridades tardaron un año en determinar los domicilios de los sospechosos, el fiscal federal Pablo Camuña pidió que se cite a declarar a 19 personas. En noviembre de 2021, se confirmó que una de las causas se había extraviado, por lo que hubo otra demora. En noviembre de 2023, después de superar otros planteos, el fiscal Agustín Chit volvió a pedir que los señalados declararan para que se definiera su situación procesal.
Cuando estaban por declarar, los funcionarios descubrieron que en el expediente no se habían protegido a los testigos de identidad reservada. Es decir, aparecían los nombres de las personas que habían declarado y complicado procesalmente a los señalados. El problema se solucionó y entre septiembre y octubre de este año, los señalados comenzaron a ser interrogados.
La acusación
Después de nueve años, finalmente se pudo conocer la acusación en contra de los señalados. Pero pasó tanto tiempo, que dos de los 19 investigados fallecieron antes de escuchar la acusación que existía en su contra.
Los fiscales los acusaron básicamente de “haber montado una estructura criminal dedicada a la obtención, distribución y comercialización de estupefacientes dentro del Penal de Villa Urquiza con el objeto de obtener réditos económicos del resultado de estas acciones delictivas”.
Sostuvieron que los imputados “se habrían valido para lograr su cometido de los propios internos del penal a quienes han amenazado y violentado física y psicológicamente para alcanzar su objetivo. Beneficiándose del poder que les confería la relación con los mismos dentro del sistema carcelario, aprovechándose de la situación de vulnerabilidad y necesidad de las personas privadas de su libertad”.
Los investigadores señalaron que esta estructura criminal, que habría funcionado desde principios de 2015 a mediados de 2018, estaba compuesto por los estamentos judicial y penitenciario. El primero representado por el ex juez Guyot que fue destituido de su cargo en septiembre de 2020.
El otro presentaba dos niveles o eslabones según su rango: personal jerárquico (José Cisterna, Sergio Walter Patto, Víctor Casasola, Juan Carlos Argañaraz, Enrique Nuñez, Luis Peñalva, el fallecido Brito, Claudio González y Guillermo Snaider) y el de los subordinados (Facundo Albornoz, José Valdez, el extinto Lucena, Fausto Ponce, Lucas Torres, Ramón Mareño, Roberto Chazarreta. Carlos Alberto Núñez y Cristian Medina).
La resolución
Los acusados se presentaron a indagatoria. Los que declararon negaron la acusación en su contra y varios de ellos dijeron tener pruebas para confirmar sus dichos. El juez federal José Manuel Díaz Vélez resolvió procesar únicamente a Patto por tenencia simple de estupefacientes, ya que en un allanamiento realizado en el marco de una causa, en su escritorio encontraron 200 gramos de marihuana y menos de 100 gramos de cocaína.
“Nos encontramos con un grueso de prueba basada únicamente en dichos de testigos. Testigos además que, por solicitud del fiscal que llevó adelante la investigación, fueron protegidos en su identidad a los fines de garantizar su seguridad e integridad física. Recordemos que se tratan de internos y familiares de internos que acusan a quienes, en el marco del sistema penitenciario, trabajan de celadores ostentando cierto grado de poder sobre su vida y día a día”, destacó el juez en la resolución.
Díaz Vélez agregó: “cabe destacar que la utilización de testigos de identidad reservada como única prueba en un juicio penal plantea serios problemas jurídicos y constitucionales en la legislación penal argentina, ya que puede entrar en conflicto con principios fundamentales del derecho penal y procesal, como el derecho de defensa, el principio de contradicción y el derecho a un juicio justo”.
“En lo atinente al valor probatorio insuficiente, en muchos casos, los testigos de identidad reservada son utilizados en contextos de delitos complejos, como el que aquí nos compete, que gira en torno al supuesto de narcotráfico en el marco del Sistema Penitenciario Provincial. Sin embargo, la doctrina y la jurisprudencia han sostenido que ninguna prueba, por sí sola, puede sustentar una condena si no se encuentra corroborada por otros elementos”, señaló el magistrado.
Fuentes judiciales confirmaron que el fiscal Chit apelará la resolución. Si no consigue revertir el fallo, uno de los casos más emblemáticos de los últimos tiempos quedará en la nada.
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