Ahora el Gobierno habla de simplificar, no de eliminar tributos

La reducción de impuestos es una de las premisas que se fijó la administración del presidente Javier Milei como paso posterior al ajuste fiscal. La maraña tributaria es tal que, de acuerdo con el análisis de la legislación tributaria de 2024, el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) identificó la existencia de 155 diferentes tipos de tributos a lo largo de la Argentina en los tres niveles de gobierno (nacional, provincial y municipal). Respecto de 2023, los tributos nacionales relevados pasaron de 45 a 46, los provinciales se mantuvieron en 25, y las tasas municipales crecieron de 78 a 84. Según el Iaraf, el 92% de la recaudación consolidada argentina se concentra en 10 tributos, 8 de los cuales son nacionales, uno provincial y uno municipal.

En su mensaje por el primer año de gestión, Milei apuntó hacia ese esquema e incluyó en el debate la discusión de una nueva forma de distribuir la coparticipación, algo que a los gobernadores no le caen en gracia. En su discurso, el jefe de Estado enfatizó que eliminará el 90% de los impuestos. Sin embargo, un día después, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, le bajó el tono a la promesa presidencial.  “No está hablando de eliminar el 90% de impuestos cuantitativamente, lo dice en términos de la cantidad de instrumentos. Para bajar el 90% de la carga impositiva tenemos que bajar el gasto en un 90%”, manifestó el economista y promotor de las reformas.

El Gobierno nacional avanzará este mes con la desaparición del impuesto PAIS y el propio Milei adelantó ante los ruralistas su intención de eliminar las retenciones al agro. Pero en la idea de darle más “autonomía fiscal” a las provincias, los gobernadores observan que la intención es avanzar con uno de los tributos más regresivos del esquema federal: Ingresos Brutos. No hay criterio para que desaparezca del mapa tributario porque, según indican los mandatarios, ese impuesto representa entre un 75% y un 80% del total de las recaudaciones provinciales. Mucho menos quieren acelerar la discusión sobre una nueva Ley de Coparticipación Federal, más aún en un año electoral como el que se avecina y por más que sea uno de los compromisos asumidos en el Pacto de Mayo, firmado en Tucumán el pasado 9 de julio.

El sistema tributario en su concepción ideal debe ir más allá de ser un simple mecanismo de recaudación para el Estado, indica a LA GACETA Alberto Mastandrea, socio de Impuestos & Legales, BDO en Argentina. El también docente de posgrado en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA considera que el conjunto de tributos carece de coordinación, generando ineficiencias y distorsiones en la economía. En ese aspecto, observa que un principio de reforma fiscal podría darse en el siguiente esquema:

• Eliminación de los derechos de exportación. Estas retenciones no solo afectan la competitividad del agro, sino que además desincentivan la producción y exportación en un mercado globalizado.

• Adicionalmente, la eliminación de impuestos distorsivos como el Impuesto PAIS y el Impuesto al Cheque debe ser prioritaria. Para este último, una solución razonable sería su aplicación como pago a cuenta del 100% de otros tributos, reduciendo su impacto regresivo.

• Por otro lado, la reducción de la alícuota del IVA es esencial para aliviar la presión fiscal sobre el consumo, un aspecto que incide directamente en los sectores más vulnerables.

• A esto se suma la necesidad de evitar el salto abrupto que enfrentan los monotributistas cuando migran hacia el régimen general, mediante la creación de una categoría puente que facilite la transición.

• La estructura del Impuesto a las Ganancias también requiere revisiones profundas. Reducir la alícuota general del 35% al 25% para empresas impulsa la reinversión de utilidades, mientras que un aumento en el gravamen sobre los dividendos al 13% garantiza un equilibrio en la carga fiscal.

• Además, es crucial corregir los efectos distorsivos de la inflación mediante mecanismos de actualización integrales que aseguren una base imponible justa y receptora de la verdadera capacidad contributiva.

• Otro desafío pendiente es la administración de los saldos a favor de los contribuyentes. El Estado no debería actuar impulsar colocar deuda pública a tasa cero con los contribuyentes. Las devoluciones deben ser rápidas y automáticas, con reducciones o exclusiones de regímenes de recaudación que contribuyan a la simplificación tributaria.

La ampliación de la base de contribuyentes es un eje central. La alta informalidad económica demanda estrategias que reduzcan los tributos y fomenten la formalización, indica Mastandrea.

La modernización de la relación fisco-contribuyente es otro aspecto clave. Incorporar mecanismos tecnológicos y dispositivos que promuevan acuerdos compositivos y simplifiquen los trámites puede mejorar significativamente la eficiencia fiscal.