Sin subas en alimentos, la canasta básica sigue en $813.672

La desaceleración inflacionaria de noviembre también impacto en el costo de alimentación y servicios esenciales de las familias. Los aumentos se percibirán durante este mes.

EN GÓNDOLAS. Frutas y verduras no evidenciaron subas sustanciales durante noviembre. EN GÓNDOLAS. Frutas y verduras no evidenciaron subas sustanciales durante noviembre.

El valor de las canasta familiares acompañó en noviembre el ritmo de los precios. La inflación tucumana del mes pasado fue del 2%, la más baja en cuatro años, pero esa variación no impactó en las Canastas Básica Alimentaria (CBA) y Total (CBT), que no registraron ni suba ni baja. La Dirección de Estadística de la Provincia informó que, para evitar la pobreza, una familia tipo tucumana requirió en noviembre el mismo ingreso que octubre: $ 813.672 y, para evitar la indigencia, $ 389.317 mensuales sólo para costear los alimentos.

“El rubro Alimentos en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se mantuvo y sólo hubo aumentos en algunos productos de los 60 artículos que componen la canasta básica el impacto ha sido nulo”, indicó a LA GACETA el titular de la repartición, el economista Raúl García. La variación de la CBA y de la CBT, con respecto al mismo mes del año anterior, es de 129,1% y 139,5% respectivamente, indica el reporte oficial. Ese comportamiento de los precios de las canastas más representativa del consumo familiar fue casi similar al de otras siete provincias en las que la Fundación Colsacor realiza su medición. En ese sentido, esa organización calculó la canasta alimentaria en $ 408.826 para una familia tipo. “Por segundo mes consecutivo, el costo de la CBA tuvo un aumento menor al 1%. Esto provocó una baja marcada en la inflación anual acumulada que pasó del 178% interanual al 143,5%. El mes pasado, en particular, el descenso estuvo explicado principalmente en bajas estacionales como la papa y la cebolla, así como en quesos y yogures que fueron los productos que más habían aumentado en el año”, indicó el economista Gerardo Sánchez. Esto se vio complementado por una baja generalizada en los artículos, ya que este mes, 28 de los 55 productos bajaron o mantuvieron el precio intermensual. “Este fenómeno fue generalizado a nivel geográfico, ya que 17 de las 34 localidades relevadas bajaron o mantuvieron el costo de la CBA, cuando en octubre fueron 14”, acotó el experto. Con respecto al precio de la carne vacuna, en noviembre aumentó 1% y sigue manteniendo un incremento acumulado por debajo del promedio (116% versus 143%). “Esto es importante, debido al peso que tiene este bloque en la CBA y porque a fin de año el precio suele aumentar por la suba de demanda. De hecho, en las localidades que mostraron una suba muy por encima del promedio, este se explicó por aumento en el bloque de carne vacuna”, explica Sánchez. Los reajustes en el valor de la carne se observarán en la medición de la inflación de este mes, debido a las subas estacionales propias de las festividades de Fin de Año.

La Canasta Básica medida por la Fundación Colsecor también es comparada con la evolución del Salario Mínimo Vital y Móvil, lo que permite realizar un seguimiento de la cantidad de días de alimentación básica de una familia cubierta por el salario. En este sentido el salario mínimo continúa alcanzado para alimentar 20 días a un núcleo familiar de cuatro personas. Lo que significa que sólo teniendo en cuenta los alimentos necesarios para no cruzar la línea de indigencia, una familia no llegó a alimentarse todo el mes con un sueldo mínimo, vital y móvil.

Sin subas en alimentos, la canasta básica sigue en $813.672

Según la última medición del Instituto de Estadística de los Trabajadores (IET) de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) y el Centro para Concertación y el Desarrollo (CCD), en este 2024, el 43% de los ocupados fueron pobres, cifra que alcanza el 77,8% en los desocupados. “Dentro de los trabajadores, hay grandes diferencias mientras que en los asalariados registrados y en los no asalariados calificados la pobreza es inferior al 30%, en los asalariados informales y en los no asalariados de baja calificación ronda el 60%”, indica el reporte académico.

“La pobreza en los trabajadores viene en aumento sostenido desde 2017, producto del deterioro del poder adquisitivo. En dicho año, el 18% de los ocupados era pobre. Que la pobreza en los ocupados haya pasado al 43% significa que cerca de 6 millones de trabajadores cayeron debajo de la línea de pobreza en los últimos siete años”, enfatizan los especialistas del IET. Al analizar la evolución de los precios respecto de los salarios, el coordinador del instituto, Fabián Amico, señala que, tradicionalmente, existe en la economía argentina una relación inversa entre tipo de cambio real y salario real. “Sin embargo, hoy se produce una apreciación del tipo de cambio real, pero los salarios reales no alcanzan a recuperarse y muestran una tendencia el estancamiento”, acota. La razón reside en el fuerte aumento de los precios regulados por el gobierno (servicios públicos y privados). “Cualquiera que sea la contribución de estos precios regulados al índice general de precios, es evidente que una parte no menor de la inflación registrada después de la gran devaluación de diciembre de 2023 fue resultado del ajuste esos precios dispuesto por el gobierno”, subraya Amico. “Eso se tradujo, al mismo tiempo, en un menor salario real y un tipo de cambio real más bajo. Parece una paradoja, pero una buena parte de la apreciación del tipo de cambio real es el resultado del ajuste de precios dispuestos por el propio gobierno”, detalla el economista.

El informe de la UCA: el recorte de servicios esenciales en los hogares

El Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA había relevado que, al tercer trimestre del año, la pobreza afecta a 23,2 millones de argentinos, es decir, al 49,9% de la población. Y esa situación de empobrecimiento afectó la calidad de vida. El 31% de los hogares encuestados respondió que recortó gastos en atención médica; el 29,4%, en la compra de medicamentos; el 27,1% admitió que no pudo pagar alguno de los servicios públicos como gas, luz y agua, y el 29,9% no pagó alguna tasa o impuesto. Todos estos indicadores empeoraron entre dos y seis puntos porcentuales en la comparación con el mismo período de 2023.

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