Condenaron por desobediencia judicial al administrador del barrio Las Pirámides en San Javier

“Vamos adentro que ahora me van a condenar”. Antes de ingresar a una sala en el edificio del juzgado federal, Próspero Marcelo Sosa ya sabía cuál sería su destino. El hombre construyó el barrio privado Las Pirámides en el kilómetro 28 de la ruta 338, dentro del sector sur del parque Sierra de San Javier, propiedad de la UNT, aunque él insiste en que las tierras le pertenecen. Hoy Sosa, tal como él mismo le había vaticinado a LA GACETA fue condenado a un año de prisión condicional y al pago de una multa de 30 millones de pesos más las costas del proceso por resultar autor del delito el delito de desobediencia a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones.

El terreno en cuestión fue cedido a la Universidad por la Nación para que levante allí su Ciudad Universitaria, cuya construcción quedó inconclusa en 1951. Dos décadas después, la UNT definió que 14.130 hectáreas que posee en San Javier serían el parque, al que considera reserva ambiental. Dentro del terreno expropiado vivía la familia de Sosa, que está en conflicto con la casa de Altos Estudios, la que inició una querella en 1998 por usurpación, causa que prescribió en 2008 por falta de seguimiento de la acción penal. A partir de entonces Sosa comenzó a hacer el barrio. En 2018 la UNT le hizo una nueva querella por reivindicación y por dañar el ambiente del bosque nativo, a raíz de lo cual  la Justicia le ordenó no seguir construyendo, no talar ni abrir caminos. Como luego se demostró que no había cumplido, se le inició la querella por desobediencia y ese fue el proceso que culminó hoy con la condena.

Antes de la sentencia, en diálogo con LA GACETA, Sosa reivindicó su postura. “Todo ese terreno, las 14.000 hectáreas son mías, y van a ser mías diga quien diga lo contrario. Voy a denunciar a todos. A los jueces, a la Corte, al gobernador y hasta al Papa, que también tiene responsabilidad en todo esto”, aseveró el hombre que contó que a lo largo del proceso, que ya lleva 30 años, pasó por las manos de 57 abogados defensores. “Todos querían plata. Viajé hasta Tierra del Fuego buscando alguien que me represente. No lo encontré”, explicó.

Según la postura de Sosa, su familia vive hace más de 100 años en ese predio y que al haber ganado la querella que le hizo la UNT por usurpación ese sobreseimiento es el título que él tiene y negó que la escritura de la Universidad sea verdadera.

Durante la audiencia del lunes, en el marco de los alegatos, el fiscal Agustín Chit dio por probada la desobediencia judicial y pidió una pena de un año de prisión y 100 millones de pesos de multa; pero además solicitó que se retrotraiga la situación del barrio al estado anterior a la fecha de notificación de la medida, el 7 de diciembre de 2028, demoler las construcciones; y que se deje reservado para el caso de que corresponda que los compradores de buena fe puedan repetir el concepto en contra de Sosa. También pidió inhibición de bienes. El querellante por la UNT, Máximo Castro, pidió el máximo de la pena, que se decomise los bienes usados para cometer el delito y que se instale un puesto de Gendarmería. Por su parte el defensor de Sosa, Roberto Díaz Taddei, dijo que no se había configurado el delito de desobediencia judicial, porque no se probó que haya sido Sosa el que desmontó, construyó o abrió caminos, y que los acusadores no les preguntaron a los vecinos quién lo hizo. Por eso pidió el sobreseimiento de su cliente.

El juez subrogante de Santiago del Estero, Sebastián Diego Argibay, fue salomónico con el fallo: concedió con el año de prisión en suspenso, pero fijó la multa en 30 millones de pesos, y no en 100, y además denegó el pedido del fiscal de que se retrotraiga la situación del terreno a como estaba antes de que comenzaran las construcciones. Sí mantuvo vigente la inhibición general de bienes contra Sosa, a fin de poder pagar tanto la multa como las costas. Argibay consideró que “El Código Penal establece como conducta típica la de aquella persona que desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones, vulnerando el bien jurídico protegido, que es el normal desenvolvimiento de la administración pública, tipificando el delito como desobediencia a la autoridad”. Y agregó: “surge que luego de haber sido notificado el Sr. Próspero Marcelo Sosa de la medida de no innovar, la construcción de casas en el predio en cuestión aumentó en un 50% en el transcurso de tres años aproximadamente”. “Fue el mismo encausado quien en su

declaración mencionó ser el legítimo poseedor del predio y como tal realizó actos de disposición; efectuando así construcciones y loteos, que luego fueron vendidos a distintas personas”, indicó el juez antes de dictar la sentencia. En cuanto al pedido de retrotraer la situación del predio, Argibay indicó: “cabe recordar que la demolición de las construcciones realizadas en el predio, no fue motivo de debate. Más aún, no fueron escuchados los terceros interesados, que conforme algunos instrumentos agregados al expediente, podrían ser considerados damnificados o terceros de buena fe, por alguna maniobra que haya efectuado Próspero Marcelo Sosa, al realizar actos de disposición en el predio Las Pirámides. Ante lo cual, la acción de retrotraer al inmueble al estado anterior, y las consecuencias que ello conlleva, es una cuestión que debe ser tratada en otra vía judicial; en particular a los fines de garantizar el acceso a la justicia por parte de los terceros, y el debido proceso”.

 Al salir de la audiencia, Sosa se mantuvo firme. “Aquí va a haber heridos. No en el marco físico, no es que voy a salir a lastimar a alguien, sinó en el marco del derecho. Esto no va a quedar así. Yo voy a seguir peleando hasta el último día. Según el último informe realizado por la UNT; en el barrio Las Pirámides habría actualmente 70 construcciones, que albergarían a 56 familias.