A 25 años de la tragedia de Camboriú: víctimas y familiares siguen exigiendo justicia

Hace 25 años, las ilusiones de medio centenar de tucumanos de descansar en las cálidas aguas del sur de Brasil terminaron abruptamente en una curva de ese país. En la madrugada del 12 de enero de 2000, un autobús de la agencia Giménez Viajes protagonizó un fatal vuelco que aún sigue presente en la memoria colectiva y reabre la herida de los pasajeros que sobrevivieron heridos y de los familiares de quienes fallecieron. El dolor desgarrador de lo ocurrido se reaviva en cada aniversario y el recuerdo de quienes ya no están lacera especialmente cuando se siente que los reclamos de una respuesta institucional no han sido atendidos.

Todo pasó alrededor de las 5.30 de la mañana -era una hora menos en la Argentina-; el interno 18 de dos pisos y 53 ocupantes (entre pasajeros y choferes) de la empresa turística transitaba el kilómetro 196 de la ruta 470, camino a la ciudad de Camboriú, conducido por Víctor Hugo Jaime. Habían emprendido el viaje el domingo 9 a las 9.30, con otros dos ómnibus y un minibus de la firma. En Foz de Iguazú pasaron la noche y estaban a cinco horas de su destino final: a 200 kilómetros los esperaba Florianópolis.

Pero la tragedia esperaba en la zona de Pouso Redondo, donde el colectivo volcó y colisionó contra un autobús brasileño de la compañía Reunidas que venía por el carril contrario. El choque fue de tal violencia que provocó la muerte (en forma casi inmediata) de 41 personas, la gran mayoría oriundas de Tucumán; sólo el conductor y un pasajero de la otra unidad terminaron entre las víctimas fatales. Siete eran chicos que iban con sus familias a pasar unos días de playa.

Los hierros retorcidos terminaron atrapando los cuerpos (algunos ya sin vida) de los ocupantes del colectivo ya irreconocible. Perdió el techo, se partió en dos y, a lo largo, una de las secciones se incendió. El escenario dificultó todo rescate. Atrás de él venía el minibús que también chocó, pero su impacto fue menor. Tanto el chofer como el dueño de la empresa, Francisco Giménez, pudieron salir con vida junto a 40 personas que resultaron heridas, de las cuales 18 eran argentinas.

Según informaron agentes de la Policía Federal de Carreteras de Brasil, el velocímetro marcaba 82 km por hora al momento del accidente, cuando la carretera estaba señalizada indicando que el límite de velocidad era de 40 km por hora. Además, la zona se encontraba cubierta por una densa neblina y el camino estaba rodeado de cerros. La conclusión de la investigación oficial fue que el chofer perdió el control de la unidad. El impacto fue brutal, y no se debe hablar de accidente cuando pudo prevenirse.

Premoniciones

Alejandra Racedo es prima de Julio Javier Ale, un joven de 20 años que fue una de las víctimas fatales. Lo recuerda como una persona muy amable y querida, llena de sueños y proyectos, que estaba preparándose para entrar a la carrera de Ingeniería en Sistemas y soñaba con conocer las playas de Camboriú desde hacía bastante tiempo; por eso, había organizado todo para poder concretar el viaje. Salió con varios familiares, entre ellos su madre, que pudo sobrevivir al choque.

Alejandra cuenta que la noche del siniestro no pudo dormir bien; alrededor de las seis de la mañana prendió su televisor para toparse con la desgarradora novedad. “En Crónica TV anuncian que micros que habían salido de Tucumán habían sufrido una tragedia en Brasil, y ví a mi abuela en la empresa Giménez Viajes, porque ella se había enterado antes por la radio”, recuerda en diálogo con LA GACETA.

Con Julio eran primos muy cercanos, casi hermanos, por lo que su pérdida fue algo difícil de atravesar. “No lo podía creer, fue un momento muy triste, muy duro, porque tenía 20 años y muchos sueños por cumplir, era una persona muy buena”, lo evoca.

El dolor se profundiza cuando siente que la injusticia se mantiene a 25 años del suceso, ante la inacción en los tribunales nacionales. “Le pido a Dios todos los días que en la Argentina exista una verdadera justicia, que no queden casos impunes, dormidos ni archivados, que realmente en algún momento el caso se reabra y paguen quienes tienen que pagar, que se cobraron la vida de tantas personas”, reclama.

José Páez, tío de Antonio César Massino, recuerda que su sobrino viajaba con su pareja, Mariana Rodríguez; ambos perdieron la vida. “Era un excelente chico, un brillante estudiante. Se acababa de recibir de médico”, expresa. Su hermano, el periodista Oscar Páez, fue el encargado de reconocer los cuerpos.

El ex legislador provincial de la Democracia Cristiana nunca dejó de reclamar una respuesta a lo sucedido ni de participar en distintas marchas. “Hubo dificultades legales y hay normas que se deben cambiar para obligar a las empresas locales a cumplir son sus responsabilidades”, señala y sostiene que aunque Giménez Viajes desapareció formalmente “siguió trabajando bajo otro nombre”. Cada año se realizan misas por las víctimas, donde se reúnen todos los familiares (ver “Misa...”).

Norma Gladys Alderete es hermana de Irma Adriana Alderete quien viajaba con su novio Gustavo Suárez; los dos murieron. Poco tiempo antes del viaje, Norma había sido mamá y quería que su hermana sea la madrina, deseo que no pudo cumplirse.

Al enterarse del hecho, fue hasta la empresa en busca de información; en el camino se enteró de que su hermana estaba entre los desaparecidos. “Recuerdo ese día, lloviznaba así que tapé a mi nena con una mantita. La oficina estaba cerrada, nunca nos atendieron ni nos dijeron nada. Pero ya sabíamos, porque la radio transmitía desde Santa Catalina y pasó el listado. Hasta que no vivís algo así, no lo entendés; es una sensación de que se te viene todo encima, es horrible. Ojalá que nunca nadie más tenga que transitar lo que hemos vivido. Que a nadie le vuelva a ocurrir lo mismo de no encontrar respuesta y que quede en la nada”, alerta.

Prófugo e insolvente

Jaime fue condenado en 2003 en Brasil por homicidio doloso a siete años, 10 meses y 15 días de cárcel, en un régimen semiabierto. Sin embargo nunca la cumplió y aún es buscado por la Justicia. Habría vivido un tiempo en Singapur y trabajado como guía turístico y mecánico de autobuses, y luego vuelto a la Argentina.

El abogado Marcos Rouges está a cargo de nueve casos de familiares que aún accionan en tribunales. Afirma que intentó concientizar a los deudos que, al margen de lo simbólico que pudieran hacer, tenían que ir a tribunales. El caso nunca se cerró y siente que es su deber mantenerlo abierto, pese a la falta de medidas judiciales efectivas y a la insolvencia de los responsables. “Si al primer día se hubiera embargado la totalidad del patrimonio de la empresa y de su aseguradora, estaríamos en una situación totalmente distinta”, expone.

Según él, existen responsabilidades compartidas entre la empresa (incumplimiento del contrato que obligaba a transportarlos en forma segura al lugar de destino), el conductor, la aseguradora e incluso la Superintendencia de Seguro de la Nación, porque había admitido una póliza que cubría por un monto de U$S 10 millones sólo si se encontraba en los límites de la Argentina. “Los viajeros creían haber contratado una póliza general. Sin embargo, había una cláusula donde apenas salía del límite de la frontera del país, caía automáticamente a una cobertura máxima de U$S200.000”, se queja, ya que el monto se debía dividir entre todas las víctimas (daba unos U$S4.000 por cada uno) y no cubría las indemnizaciones a pagar en semejante siniestro. “Cuando ocurrió, la responsabilidad de la compañía aseguradora estaba limitada a ese tope, por lo que reclamamos a la Superintendencia también”, añade.

Admite que la gran mayoría de los afectados por la tragedia sufrieron la prescripción de sus acciones porque confiaron en promesas de una compensación económica hechas por diferentes políticos. “El dinero del Estado solamente sale si hay una partida presupuestaria por una decisión de la Legislatura; es decir, por ley”, declara, aunque sabe que el dolor no se remedia con nada.