04 Febrero 2025
NUEVA YORK, Estados Unidos.- Los Estados miembros de las Naciones Unidas iniciaron unas conversaciones “históricas” con vistas a elaborar la primera convención “universal” de cooperación fiscal para 2027, con la esperanza de frenar la evasión de impuestos y gravar de forma justa a las multinacionales y a los más ricos.
“No se trata sólo de un ejercicio técnico, sino de un imperativo moral”, declaró el recién nombrado presidente del comité negociador, el egipcio Ramy Youssef.
Los “miles de millones de dólares que se pierden cada año por el traslado de beneficios, la competencia fiscal perniciosa y los flujos financieros ilegales” privan “en particular a los países más vulnerables de recursos críticos”, insistió.
Para Shari Spiegel, del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU, las normas fiscales internacionales deben evolucionar con un mundo cambiante, para ser útiles a todos los Estados y todos los pueblos.
Bajo la presión de los países africanos, que quieren un lugar en la mesa de negociación de las normas fiscales internacionales -al tiempo que exigen una reforma de la arquitectura financiera internacional-, la Asamblea General de la ONU adoptó una “convención marco” de este tipo en 2023 para que la cooperación fiscal sea “plenamente inclusiva y más eficaz”.
El mandato de negociación se adoptó a fines del año pasado. Entre los principios de referencia figuran “garantizar un reparto justo de los derechos de imposición, mediante una imposición equitativa a las empresas multinacionales” y “luchar contra la evasión y el fraude fiscales de los particulares ricos”.
Las cuestiones fiscales internacionales están principalmente en manos de la OCDE, “un club de ricos” que impone sus reglas a los países en desarrollo, más afectados por las pérdidas fiscales en proporción a sus ingresos, criticó Ryad Selmani, de la ONG francesa CCFD-Terre solidaire, para quien es intolerable que estos países no tengan nada que decir al respecto.
Tove Maria Ryding, de la Red Europea sobre Deuda y Desarrollo, asegura que “las grandes multinacionales y las personas más ricas del mundo siguen usando los paraísos fiscales y evadiendo impuestos”, privando así a los gobiernos de recursos vitales para financiar el desarrollo o combatir el calentamiento global.
En un paso histórico, el G20 acordó en noviembre cooperar para que los superricos paguen “efectivamente” impuestos. Un impuesto del 2% a esos patrimonios podría generar recursos del orden de 250.000 millones de dólares por año para invertir en enfrentar los desafíos sociales y ambientales de nuestro tiempo, afirmó el economista Gabriel Zucman, promotor de la iniciativa.
Paraísos fiscales
Según la ONG Tax Justice Network, los gobiernos pierden cada año 492.000 millones de dólares en impuestos debido al uso de paraísos fiscales. Casi la mitad (43%) de estas pérdidas son posibles gracias a las políticas fiscales de ocho países (Australia, Canadá, Israel, Japón, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Reino Unido y Estados Unidos) que votaron en contra del mandato de la futura Convención, según la ONG.
En este contexto, la sesión inaugural de esta semana será crucial para determinar si el comité negociador decidirá por mayoría o por consenso. La Unión Europea abogó por el consenso, señalando que, de no ser así, los 27 Estados miembros podrían no participar en la futura Convención. Las ONG rechazan la idea de una decisión consensuada, que daría a cada país el poder de veto. “Sería una herejía dar a los Estados Unidos de Donald Trump el poder (...) de bloquear todo el proceso”, comentó Ryad Salmani, dado que nada más volver a la Casa Blanca, el presidente estadounidense retiró a Estados Unidos del acuerdo de la OCDE sobre un impuesto mínimo del 15% sobre los beneficios de las multinacionales.
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