Escollos en la lucha contra la violencia de género

El discurso del presidente Javier Milei en el Foro Económico Mundial de Davos marcó un punto de inflexión en la agenda de género en Argentina. Al cuestionar la figura legal del femicidio y calificarla como una distorsión de la igualdad, Milei abrió la puerta a una medida que podría significar un retroceso en la lucha contra la violencia de género. Su postura, respaldada luego por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, parece minimizar la realidad que enfrentan miles de mujeres en el país.

El femicidio no refiere a cualquier homicidio de una mujer sino que hace referencia a las mujeres que son asesinadas por razones de género, una violencia que responde a estructuras históricas de dominación y desigualdad. Con la inclusión del femicidio en el Código Penal en 2012 no se trató de otorgarle un valor superior a la vida de una mujer por sobre la de un hombre, sino de visibilizar y sancionar una forma específica de crimen que ocurre en un contexto de discriminación sistemática.

Desde 2014 la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) tiene una Oficina de la Mujer que elabora el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina. Según ese informe, en 2023, 272 personas murieron víctimas de violencia de género; hubo un femicidio cada 35 horas. Lo que representa un 11% de aumento respecto de 2022. En lo que refiere a fuentes alternativas, en el Observatorio “Ahora que sí nos ven” se informó que entre el 1 de enero y el 30 de diciembre de 2024 hubo al menos 267 femicidios en nuestro país, uno cada 33 horas, mientras que en diciembre fueron 33 los casos, uno cada 22 horas.

Los datos de homicidios muestran que, si bien los hombres son la mayoría de las víctimas en las muertes violentas (ocho de cada 10), a los hombres los matan personas desconocidas en espacios públicos, y a las mujeres las matan personas de su entorno en sus hogares.

Eliminar la figura del femicidio del Código Penal dejaría a las mujeres aún más desprotegidas e implicaría una señal peligrosa en un contexto global en el que América Latina, después de África, es el continente con mayor número de femicidios, donde solo Haití y Cuba no tipifican el femicidio como agravante del homicidio. Retroceder en los marcos normativos que han permitido avanzar en la identificación y prevención de estos crímenes sería condenar a muchas mujeres al silencio, la impunidad y, en el peor de los casos, a la muerte.

Según el último informe de ONU Mujeres, cada día mueren 140 mujeres y niñas en el mundo en manos de un miembro de su familia, lo que significa que una mujer o una niña muere cada diez minutos.

La violencia contra las mujeres puede prevenirse. Para ello, necesitamos leyes firmes, datos precisos y una verdadera voluntad política. También una sociedad comprometida con erradicar la impunidad de los dichos como los del Presidente y con construir una cultura de tolerancia cero hacia cualquier tipo de violencia de género. La eliminación del femicidio como agravante legal no traerá más igualdad; solo garantizará que las víctimas tengan menos herramientas para defenderse y menos oportunidades de que sus agresores sean juzgados como corresponde. El debate que se abrió no es menor. En este punto de la historia, Argentina tiene dos caminos: seguir avanzando en la lucha por los derechos de las mujeres o retroceder décadas en la protección de sus vidas.