Por Micaela Pinna Otero
11 Febrero 2025
INMUEBLE DISPUTADO. Los miembros de la comunidad Indio Colalao afirman que las tierras les pertenecen y que están reconocidos legalmente. La Gaceta / foto de Analía Jaramillo
Comenzó el juicio contra los miembros de la comunidad Indio Colalao, acusados de haber usurpado parte de las tierras de la Estancia Riarte, ubicada al norte de la provincia. Luego de más de 10 años de denuncias cruzadas que componen un complejo legajo, ayer se realizó la primera audiencia del debate oral en el que se está juzgando a nueve personas por los delitos de tentativa de homicidio, usurpación y robo agravado.
La Estancia Riarte está en Trancas, justo al límite con Salta. Es un terreno de aproximadamente 20.000 hectáreas y para poder ingresar a él, hay que recorrer parte del territorio salteño. El campo, en el que se viene produciendo hace ya más de 200 años, era de propiedad de la familia Riarte -de allí su nombre-. En los 50, sus primeros dueños se la vendieron a Jorge Prat Gay, padre de Alfonso, economista y dirigente político. En 2006, Jorge Posse, en sociedad con Alfredo Moreno, compró las tierras, que fueron escrituradas en 2010.
A partir de allí comenzaron los inconvenientes y la disputa por la Estancia. El principal problema es la ubicación del inmueble ya que esta se encuentra en territorio tucumano, pero los denunciados viven en la localidad salteña El Jardín, y sostienen que esas tierras pertenecen a la comunidad originaria Indios Colalao.
Proceso judicial
Durante más de una década el conflicto entre Posse y Moreno con los integrantes de la comunidad fue escalando cada vez más, lo que provocó un cúmulo de denuncias. El legajo estuvo en la Fiscalía de Delitos Complejos del régimen conclusional, donde el fiscal Mariano Fernández resolvió unificar alrededor de 30 denuncias realizadas por los propietarios de la Estancia para evitar que alguna de ellas prescribieran por el paso del tiempo.
12 años después, el fiscal Guillermo Herrera acusó a Alberto Dionisio Mercado, Manuel Santos Pastrana, Ubaldo Eduardo Humano, José Benito y Juan Carlos Toledo, Carlos Omar López (actual senador salteño y ex intendente de El Jardín), Ciro Fernando López, María Lilia Delgado y Felipe Santiago Cruz y pidió que se los enjuicie por tentativa de homicidio, usurpación y robo agravado.
Según la teoría del caso del Ministerio Público Fiscal, el 17 de junio de 2012, un grupo de personas, aprovechando la ausencia de sus propietarios, ingresó ilegalmente a la finca rompiendo el candado del portón de acceso con las intenciones de apoderarse de ella. Una vez adentro habrían talado distintos árboles, con los cuales establecieron barricadas y obstáculos en el camino.
Al enterarse de lo sucedido, el dueño, Freddy Moreno, acompañado por su hijo Sebastián, se presentó en el lugar, pero los privaron ilegítimamente de la libertad y fueron duramente golpeados por los intrusos durante 30 minutos. Posteriormente, los acusados -de acuerdo a la acusación-, se apoderaron de pertenencias que tenían las víctimas, dinero en efectivo y de objetos de valor que había en la casa. Por último, el representante del MPF también consideró que los señalados, después de haberse concretado el desalojo de la finca, el 6 de julio desobedecieron la orden judicial y volvieron a ingresar de manera clandestina al campo.
El debate oral iba a realizarse en diciembre de 2023, pero las partes decidieron postergarlo para marzo de 2024. Finalmente su fecha terminó fijándose para febrero de 2025 y ayer se llevó a cabo la primera jornada del debate oral que es encabezado por los jueces Guillermo Puig, Patricio Prado y Stella Maris Arce.
El MPF será representado por la fiscala Estela Giffoniello y la querella por los abogados Camilo Atim y Florencia Abdala por la parte penal y Javier Lobo Aragón por la demanda civil. Por su parte, los nueve imputados serán defendidos por Carlos Garmendia.
Otra postura
Luego de escuchar los cargos en su contra, todos los acusados informaron que querían declarar y dar su versión de los hechos. Por una cuestión de tiempos, sólo pudieron sentarse frente al tribunal dos de los acusados.
La primera fue María Lilia Delgado, quien fue cacique de la comunidad en 2011. La mujer aprovechó el espacio para negar las acusaciones endilgadas por el MPF y denunció que la comunidad sufrió diversas situaciones de violencia y atropellos por parte de los propietarios. “Cuando me nombraron cacique la situación era delicada; había persecución a las familias, habían hostigado y tirado casas. Incluso nos cerraron el zaguán impidiendo que las familias pudieran abastecerse de agua”, dijo.
Además, contó que antes de que Posse y Moreno adquirieran el inmueble no habían tenido problemas. “Hemos convivido amistosamente con todos los terratenientes que pasaron por ahí. A mediados de 2006 y 2007 se fue incrementando la violencia, con la llegada de Moreno. La intención de ellos era sacar a las personas que vivieron allí toda su vida, que incluso sus padres vivieron allí. Nos hicieron estas denuncias por manifestarnos para dar a conocer cómo estábamos viviendo”, manifestó.
En el mismo sentido declaró Benito Toledo, el último cacique de la comunidad. Al exponer su testimonio, contó que vivió distintas situaciones de maltrato tanto él como el resto de sus compañeros. “Freddy ha interrumpido a todos, llevó a gente matona que hizo iniquidades en el lugar. Me persiguieron hasta que me lograron sacar con policías y un juez de paz de Trancas. Realmente lo que se veía ahí era inhumano. Nosotros empezamos a quejarnos y a tratar de visibilizar lo que pasaba y nos cerraron el portón de entrada, no podíamos salir ni entrar”, dijo.
Las audiencias del debate se extenderán durante los próximos días. Para la jornada de hoy está previsto que presenten declaración los siete imputados restantes, quienes adelantaron que no contestarán preguntas por parte de la Fiscalía y la querella.
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