07 Marzo 2025
AL NORTE. El lugar del conflicto se ubica en el límite con El Jardín, Salta. la gaceta / foto de Analía Jaramillo
Ayer, pasadas las 15 y luego de más de cinco horas de deliberación, el tribunal integrado por los jueces Guillermo Puig, Patricio Prado y Stella Maris Arce dio a conocer la sentencia en el juicio por la usurpación de la Estancia Riarte, ubicada en Trancas.
El debate oral tenía como acusados a Alberto Dionisio Mercado, Manuel Santos Pastrana, Ubaldo Eduardo Humano, Juan Carlos Toledo, Carlos Omar López (senador salteño), Ciro Fernando López, María Lilia Delgado, Benito Toledo y Felipe Santiago Cruz por los delitos de usurpación, robo agravado y tentativa de homicidio, en perjuicio de Freddy Moreno y su hijo, Sebastián Moreno.
El tribunal resolvió absolver a Cruz y Humano del delito de usurpación. En cuanto a los demás acusados, Delgado fue condenada a un año de prisión condicional, mientras que Mercado, Pastrana, Juan Carlos y Benito Toledo; al igual que Ciro y Carlos López, recibieron dos años de prisión condicional por usurpación y lesiones leves. Además, el tribunal ordenó el pago de una indemnización de $400.000 a Moreno.
Arce expresó su disidencia con la condena de Pastrana, ya que consideró que no había pruebas suficientes que acreditaran su participación en los hechos.
Últimas palabras
Antes de que los jueces dieran a conocer el fallo, los imputados y las víctimas tuvieron la oportunidad de hablar. Freddy Moreno aseguró que sigue viviendo con miedo. “Hace 14 años que no tengo paz. No puedo trabajar mi tierra. Cada vez que intento algo, lo destruyen. Mi vida sigue en peligro”, expresó.
Luego de la lectura de la sentencia, Puig instó a todas las partes a buscar una resolución pacífica del conflicto: “Este tribunal no es el ámbito donde debería resolverse esta situación”. También remarcó que el juicio no resolvía el conflicto de fondo: “Aquí no se discutieron títulos de propiedad ni derechos territoriales”. La querella integrada por Florencia Abdala y Camilo Atim, señaló que el fallo confirma la existencia de un delito y que no se puede justificar el ingreso por la fuerza a una propiedad privada. El abogado de la defensa, Carlos Garmendia criticó el fallo y adelantó que apelará.
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