16 Marzo 2025
El Gobierno denunciará a la jueza Andrade por liberar a los detenidos en los incidentes frente al Congreso
En su defensa, la jueza explicó que la Fiscalía solo presentó actas policiales sin pruebas concretas y que, ante la falta de fundamentos, decidió otorgar la libertad en la madrugada del jueves.
FRENTE AL CONGRESO. Los manifestantes y las fuerzas de seguridad protagonizaron fuertes cruces. FOTO TOMADA DE CLARIN.COM.
El Gobierno de Javier Milei presentará este lunes dos denuncias contra la jueza Karina Andrade, acusándola de liberar sin pruebas suficientes a 114 manifestantes detenidos durante los disturbios ocurridos el miércoles pasado frente al Congreso. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, llevará el caso ante la Justicia Federal de Comodoro Py, imputándole los delitos de prevaricato, incumplimiento de deberes y encubrimiento, y además solicitará su destitución ante el Consejo de la Magistratura porteño.
Desde el Ministerio de Seguridad sostienen que la magistrada liberó a los detenidos sin esperar el proceso judicial correspondiente, argumentando el derecho a la protesta social y sin revisar los antecedentes de los acusados. “No vio un solo papel, pero sí vio en televisión cómo rompían autos y arrojaban piedras”, expresaron fuentes cercanas a Bullrich, asegurando que Andrade actuó con motivaciones políticas. En su defensa, la jueza explicó que la Fiscalía solo presentó actas policiales sin pruebas concretas y que, ante la falta de fundamentos, decidió otorgar la libertad en la madrugada del jueves.
La denuncia contra Andrade se enmarca en la estrategia del Gobierno de atribuir los disturbios a grupos organizados de barrabravas y dirigentes políticos vinculados al peronismo, como los intendentes Fernando Espinoza (La Matanza) y Federico Otermín (Lomas de Zamora), además del sindicalista Leandro Capriotti. En paralelo, la Fiscalía Federal a cargo de Franco Picardi solicitó al Ministerio de Seguridad que presente pruebas concretas que respalden sus acusaciones.
El escrito presentado por el Gobierno sostiene que la jueza violó normas procesales y otorgó la libertad de los detenidos “por WhatsApp”, sin verificar sus antecedentes. Según el oficialismo, varios de ellos tenían causas previas por lesiones, amenazas agravadas, tráfico de estupefacientes y robos, lo que, en su visión, justifica la denuncia y el pedido de destitución de la magistrada.
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