Lavado de activos en la AFA: un juez federal tucumano analizará la causa por asociación ilícita y maniobras financieras sospechosas contra Tapia y Toviggino

La Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán intervino de manera decisiva en el complejo entramado judicial que involucra a la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Mediante un sorteo realizado en la sede del tribunal, se determinó que el juez tucumano José Manuel Díaz Vélez sea quien asuma la responsabilidad de conducir el expediente en el que se investiga al presidente de la entidad, Claudio "Chiqui" Tapia, y a su tesorero, Pablo Toviggino. La decisión surge como una medida de urgencia para evitar la parálisis de una causa que ha ganado una altísima temperatura política y judicial en las últimas semanas.  

El proceso de selección, realizado mediante bolillero y supervisado directamente por el presidente de la Cámara, Fernando Poviña, incluyó a los magistrados Guillermo Díaz Martínez y Miguel Ángel Contreras, ambos con asiento en la provincia de Catamarca, junto a Díaz Vélez. La designación de este último tiene carácter de subrogancia y se extenderá, en principio, hasta que finalice la licencia médica que actualmente cumple el juez Guillermo Molinari, titular del Juzgado Federal N° 1 de Santiago del Estero. Esta resolución busca dotar de operatividad a un juzgado que se encontraba acéfalo para esta causa en particular, luego de una serie de desplazamientos y recusaciones que dejaron al descubierto las tensiones en el Poder Judicial santiagueño.

La crisis de magistrados en la vecina provincia se profundizó con el apartamiento firmado por la camarista Marina Cossio del juez Sebastián Argibay, quien hasta hace pocos días tenía bajo su firma la suerte de los imputados. Argibay fue recusado por el fiscal federal Pedro Simón, quien cuestionó severamente la imparcialidad del magistrado. El argumento central de la recusación radicó en la existencia de vínculos comerciales directos entre la hija del juez y un hermano de Pablo Toviggino, lo que configuraba un conflicto de intereses incompatible con la objetividad requerida para llevar adelante la instrucción de un caso de tal magnitud. Pese a que la Cámara Federal de Tucumán ya analizaba su desplazamiento, Argibay emitió una resolución de último momento antes de ser apartado formalmente, en la cual rechazó los pedidos de detención formulados por la fiscalía y se declaró incompetente para seguir interviniendo. Esta maniobra fue interpretada por los acusadores como un intento de beneficiar a los directivos de la AFA antes de abandonar el expediente.

Ahora, con la llegada de Díaz Vélez, se espera que estas decisiones sean revisadas bajo una nueva óptica procesal que garantice el debido proceso.

La investigación que originó este sismo institucional se centra en presuntos delitos de asociación ilícita y lavado de activos. La hipótesis del fiscal Simón sostiene que se habría montado una estructura societaria en Santiago del Estero para desviar fondos de la AFA hacia negocios personales y la adquisición de bienes de lujo. Según el dictamen fiscal, empresas vinculadas a Toviggino funcionaban como "fachadas" para inyectar dinero proveniente de la entidad madre del fútbol, utilizando facturación cruzada y maniobras financieras complejas para dificultar el rastreo de los capitales. En el centro del escándalo están los pedidos de detención e indagatoria para 24 personas, entre las que sobresalen Tapia y Toviggino. La fiscalía fundamentó la necesidad de las capturas advirtiendo sobre el riesgo de entorpecimiento de la investigación, dada la influencia política y económica de los involucrados. El rastreo de bienes incluye estancias, lotes, vehículos de alta gama y operaciones millonarias con dólar MEP que no coincidirían con los ingresos declarados por los principales investigados ante los organismos de control.  

El escenario procesal es sumamente dinámico, ya que además de la designación del nuevo juez, persiste un conflicto de competencia. Mientras la fiscalía insiste en que los delitos se cometieron en Santiago del Estero a través de sociedades locales, los abogados defensores pretenden que el caso sea derivado a los tribunales de Zárate-Campana o a la Ciudad de Buenos Aires, argumentando que allí se encuentra la sede central de la AFA. Esta disputa jurisdiccional deberá ser resuelta eventualmente por la Cámara Federal de Casación Penal.  Por el momento, el juez Díaz Vélez deberá abocarse al análisis de los voluminosos cuerpos que integran el expediente y decidir sobre las medidas de prueba pendientes. Su rol será fundamental para determinar si las resoluciones dictadas por el apartado Argibay mantienen su validez o si corresponde dictar nuevos actos procesales que reencaucen la investigación.

Así Díaz Vélez deberá analizar una de las causas de corrupción deportiva más importantes de los últimos años. La llegada de un magistrado ajeno a la jurisdicción santiagueña representa, para los sectores que impulsan la denuncia, una oportunidad de avanzar sin los condicionamientos locales que suelen rodear a figuras con tanto peso institucional en la región. A pesar de los intentos de las defensas por dilatar las definiciones teniendo en cuenta además que estamos a las puertas del Mundial, la causa sigue sumando capítulos. Finalmente, la resolución de la Cámara de Tucumán reafirmó la necesidad de transparencia en el manejo de las subrogancias. 

Con el nuevo magistrado al frente, la causa entra en una etapa de definiciones donde se evaluará no solo la solidez de las pruebas recolectadas por el fiscal Simón, sino también la capacidad del sistema judicial para actuar en causas tan complejas.