Dos tercios de ordenanzas se depurarán en la Capital

A lo largo de su historia, San Miguel de Tucumán ha sancionado unas 9.000 ordenanzas. La comisión que prepara el Digesto Municipal en el cuerpo parlamentario está cerrando la fase de recopilación y concluye que un 70% del marco normativo será depurado, quedando vigente apenas un tercio del período democrático y un 10% de la etapa anterior.

Hasta la fecha, los concejales trabajaron en el compendio de las ordenanzas municipales dividiéndolas en dos grupos: desde 1883 hasta 1983, y desde el retorno a la democracia hasta la actualidad. En el primero se calculan unas 3.700 ordenanzas (impreciso por la interrupción de los gobiernos de facto), y en el segundo, 5.400.

“Desde el retorno de la democracia se estima que sólo un tercio quedarían en pie. Hay ordenanzas anteriores (de la dictadura) que también van a pasar a quedar vigentes, como el Código de Faltas de 1979, por ejemplo, pero será sólo el 10%”, explicó Gustavo Cobos, que lidera el equipo.

Algunas normas

Con ese cálculo y las cifras planteadas, una vez que esté listo el Digesto Jurídico, en el municipio capitalino quedarán vigentes unas 2.000 ordenanzas. “Hay muchas que ya no se aplican porque han cumplido su objetivo o que regulaban cuestiones muy administrativas, como la destrucción de árboles o acciones que debería llevar el municipio pero que, en los hechos, no se realizan hace años, como ferias en determinadas cuadras o festivales”, detalló el referente de la Unión Cívica Radical (UCR).

A ese cúmulo de normas vetustas se le suman donaciones de terreno, tareas de pavimentación de calles o cuestiones burocráticas que hoy pasan directamente por el Ejecutivo municipal. Por ejemplo, en la década del 70 y hasta 1980, los materiales para el cordón cuneta y la pavimentación o repavimentación de calles eran pagados por el frentista.

El descubrimiento de las normas de San Miguel de Tucumán también desata algunas curiosidades, como que la ordenanza de 1970 que le asigna al Parque Guillermina su nombre actual se refiere a él como un “parque peatonal”, cuando en realidad actualmente no se limita el paso de vehículos ni se restringe el paseo únicamente para los peatones. A su vez, existió una que, a pedido del rector de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), impedía que se construyeran “casas de citas” en los alrededores de la Quinta Agronómica, porque distraía al alumnado.

Otro ejemplo es la ordenanza N° 1.299 de 1971, que dispuso que los colectivos que tuvieran parada en distintas cuadras podían adelantarse entre sí, mientras que los que frenaban en el mismo sitio no podían hacerlo, imponiendo una sanción de $80 en el caso de que sucediera. “Se ha podido comprobar que al permitirse el adelantamiento de las unidades en las cuadras donde no poseen parada, se agilizó el tránsito urbano por la rápida circulación de las mismas”, dice el escrito.

Próximos pasos

En cuanto al avance del trabajo normativo, la Prosecretaría Legislativa hará una segunda revisión de las ordenanzas que fueron declaradas no vigentes, con el objetivo de garantizar su correcta clasificación. Se constituirá un equipo especializado que analizará la coherencia y pertinencia de cada norma, asegurando que los criterios sean consistentes.

Una vez cerrada definitivamente la etapa de recopilación, los concejales deberán clasificar y unificar las ordenanzas, sus modificaciones y derogaciones, para luego compactarlo en el nuevo Digesto Jurídico Municipal. Según advirtió Cobos, en este segundo tramo se deberá coordinar con el Ejecutivo para revisar en detalle las normas.

“Les pedí que designen personas que participen en el proceso, porque nos vamos a encontrar con ordenanzas que deberían estar vigentes y no se las aplica, y otras que pueden ser contradictorias por sus excesivas modificaciones. Vamos a tener que armonizar bien los textos y terminar de ver ordenanzas como las de Catastro y de Faltas”, dijo el concejal.

El radical agregó: “ahí es necesario que los especialistas que día a día aplican la normativa participen, para que lo que terminemos sancionando en el final de la tarea sea lo que de verdad termine aplicándose”. Dado el caso, se deberán elaborar las propuestas para adecuarlas a la actualidad y que pasen nuevamente por el Concejo Deliberante.

La ordenanza N° 5.078 que dispuso la creación de la comisión de Digesto establece que su elaboración debe completarse a fines de 2025, aunque los concejales estimaban una fecha más próxima. Una vez aprobado el texto legal, las ordenanzas posteriores que modifiquen alguna de las contenidas deberán ajustarse a la técnica del texto ordenado y quedarán derogadas todas las normas que no se hubieran incorporado como legislación municipal hasta la fecha de consolidación del escrito.

Cobos explicó que existirá una nueva comisión en el Concejo que revisará el texto formulado, que además deberá ser publicado anualmente por el Poder Ejecutivo Municipal (PEM) de manera actualizada. Además, el cuerpo parlamentario deberá crear un sitio web oficial de acceso al Digesto, para que esté disponible para la ciudadanía.