Por Belén Castellano
28 Mayo 2025
UNA DE LAS PRUEBAS. Una de las imágenes que utilizaron los acusadores para demostrar como se registró la violenta agresión.
La Justicia formalizó cargos contra seis empleados de seguridad acusados de agredir brutalmente a dos jóvenes a la salida del boliche “Zoo”, ubicado en Maipú al 775. Los acusó de lesiones leves agravadas por el concurso premeditado de dos o más personas, en calidad de coautores.
Los imputados son Esteban Cabello, Jonathan Romero, Rafael Pérez Avellaneda, José Fernández, Juan Brito y Alexis Oliva. Las víctimas, Nicolás Vega y Cristian Navarro, denunciaron haber sido golpeados en grupo por los patovicas que trabajaban esa madrugada como personal de seguridad en el local bailable.
Los hechos ocurrieron el 6 de abril alrededor de las 4.30, cuando los jóvenes fueron retirados del boliche por el personal de seguridad. Una vez en la vereda, los seis imputados comenzaron a agredirlos con golpes de puño y patadas. “Las lesiones fueron constatadas por el Cuerpo Médico Forense y no implicaron riesgo de vida”, explicó el auxiliar Gonzalo Guerra, que actuó con la dirección del fiscal Mariano Fernández
Guerra detalló: “En Vega se observaron hematomas en el rostro, hombros y piernas, lesiones compatibles con golpes de puño y caídas. En Navarro se constataron múltiples equimosis en el abdomen y la cabeza”. El informe concluyó que el tiempo de curación e incapacidad en ambos fue menor a 30 días.
Vega no participó de la audiencia por obligaciones laborales. “Atraviesa un proceso de tratamiento psicológico y presenta un cuadro de estrés postraumático. No desea tener contacto con sus agresores”, dijo Guerra.
Se presentaron 29 registros fílmicos que fueron digitalizados por el laboratorio fotográfico oficial. También señalaron que el único imputado con antecedentes es Torres Cabello, condenado en 2024 a tres años de prisión condicional por homicidio culposo y su caso será tratado en forma diferenciada.
Durante la audiencia, el abogado defensor, Fabrizio Caruso reconoció: “No estamos de acuerdo con la calificación legal provisoria, pero no me voy a oponer porque entiendo que es provisoria”. Y agregó: “Hay pruebas donde se denota un rol bastante más activo de Vega como de Navarro, los cuales no se han mencionado”.
“Proponemos que los imputados se presenten a comparecer una vez al mes ante la comisaría de su jurisdicción, y no dos veces, como se planteó. Además, pedimos que se aclare que un eventual cruce casual con las víctimas en la vía pública no sea interpretado automáticamente como una violación de la prohibición de acercamiento”, argumentó Caruso.
El juez Alejandro Valeros hizo lugar a las medidas de menor intensidad requeridas por el MPF. También dictó una prohibición de acercamiento a las víctimas en un radio de 500 metros, y la prohibición total de contacto por terceras personas, medios digitales y redes sociales.
“A la luz de los registros audiovisuales y demás elementos incorporados, existe un marco probatorio que justifica la imputación inicial”, sostuvo. “Es necesario remarcar que hay evidencia pendiente de producirse, como declaraciones ampliatorias o informes complementarios, que podrían matizar la hipótesis acusatoria”.
En la audiencia también habló Navarro, quien expresó: “No voy a poder salir tranquilo porque me da pánico cruzarme con ellos”.
Por su parte, Juan Domingo Vega, padre de Nicolás, cuestionó que sigan trabajando como patovicas porque considera que no están capacitados para desempeñar esa tarea.
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