Cerisola y sus ex subalternos, en la recta final

Fue una semana dura para el ex rector de la UNT, Juan Cerisola, y sus ex subalternos Olga Cudmani y Osvaldo Venturino, y regular para el ex subalterno Luis Sacca. Los alegatos del fiscal Pablo Camuña y de la fiscal auxiliar Lucía Doz Costa fueron demoledores en el juicio por el destino que se les dio a los millonarios fondos mineros llegados entre 2006 y 2009 desde YMAD, empresa interestadual de la que la UNT es socia. Mañana han de continuar con el alegato del fiscal Agustín Chit y luego será el turno del querellante por la UNT, Patricio Esperguín. Finalmente, alegarán las defensas, por lo que esta instancia podría pasar a la otra semana.

Futuras investigaciones

Cerisola fue denunciado en 2010 por las irregularidades con el dinero de la minería en esos años, que por la ley 14.771 debía estar destinado a la conclusión de la Ciudad Universitaria, “conforme a los planos aprobados”. Ha sido acusado por haber cambiado el destino de los fondos, por haber hecho obras con un régimen propio, por fuera de la ley nacional de obras públicas, por sobreprecios en 13 obras y por las colocaciones financieras de esa cantidad monstruosa de dinero que recibió la UNT en esos años. La Universidad tuvo plata como nunca.

Camuña, tal como lo hizo cuando comenzó el juicio hace 13 meses, dijo que se trata de un caso de corrupción estructural que ha lesionado el prestigio de la UNT y lo sigue lesionando. Lo calificó como complejo; que implica un esfuerzo de interpretación y que se dilucida 15 años después, con muchos testigos que no recuerdan. Criticó además que no ha sido un caso bien investigado (por el ex fiscal de Instrucción Carlos Brito). “Jugamos con las cartas que nos tocan”, expresó, y mencionó que hubo otros funcionarios y empleados de la UNT que debieron estar acusados, y aunque describió que la Fiscalía se iba a atener a la acusación con que se llegó al juicio, anunció que al final del alegato se va a pedir que se envíen a la Justicia nuevas investigaciones que surgen en este debate.

Fuera de la ley

Camuña habló de la pérdida del patrimonio que significó la “renuncia ilegal” de fondos que hizo Cerisola al firmar el convenio con YMAD el 2 de enero de 2008 al cambiar el destino del 40% de utilidades que recibía la UNT para concluir la ciudad universitaria. A partir de entonces, la UNT envió la mitad de ese porcentaje a otras universidades y la otra mitad ya se usó “de libre disponibilidad”. Por un lado, dijo, “no hay discusión posible con respecto a la interpretación de la Ley 14.771, art, 18, conforme a los planos ya aprobados”. Un cambio en la ley debe hacerse en el Congreso, después de un debate en la UNT y con conocimiento del Consejo Superior, que es el que tiene potestad sobre los bienes de la Universidad. Recordó que el ex consejero Ricardo Cisneros había dicho que el Consejo no sabía de lo sucedido con el acta y que para cambiar el destino de las utilidades “se iba a tener que hamacar”. El fiscal añadió que no era tema de debate en el juicio la posibilidad de cambiar la concepción histórica de la ciudad universitaria, sino que simplemente Cerisola lo reemplazó por otro proyecto que se llamó “Ciudad universitaria del siglo XXI”. Tampoco entra en discusión -dijo- la necesidad que había de arreglos y de obras en la universidad, sino que se hizo un sistema fuera de la ley nacional para evadir controles y para adjudicar esas obras.

“La urgencia, una fachada”

Cuestionó que se justifique con la urgencia la necesidad de modificar las normas. “La urgencia es una fachada orquestada después de los hechos para hacer algo fuera de controles y escrutinio público”. A su turno, la fiscal auxiliar Doz Costa, que puso énfasis sobre la forma en que se hicieron las 13 obras al cambiar la norma de contratación por “un régimen propio para eludir controles”, describió que se elevó los límites para no recurrir a licitación, desde los $76.000 que establecía la ley nacional a los $ 5 millones del régimen de Cerisola. Y también dijo que se recurrió a la licitación privada, “que facilita el direccionamiento de los contratos”. Doz Costa fue dura con el rol de Asuntos Jurídicos, al señalar que sí podía apartarse de la ley de obras públicas por ser dinero proveniente de YMAD y no considerarse fondos públicos, y al decir que debía ser transparente, pero no necesariamente observar los parámetros de la ley de obras públicas. “Contradicción evidente, insalvable”, dijo Doz Costa. Ella y Camuña pusieron énfasis que los fondos que entran a la UNT, al ser usados, son fondos públicos, y que así lo señalaron entidades como la AGN. Doz Costa, que fundó en la jurisprudencia la necesidad de ineludible de transparencia en el Estado, dijo que Cerisola ni siquiera respetó su propio régimen de obras.

Camuña refutó además el argumento de la defensa en el sentido de que el acta del 2/1/08 le había sido impuesta al ex rector Cerisola porque había sido decidida días antes en el directorio de YMAD, del cual formaban parte los ex delegados de la UNT Mario Marigliano y Rodolfo Campero. “YMAD no puede imponerle obligaciones al rector de la UNT. ¿Dónde está la norma en que se basa esto? ¿Dónde dice que el rector depende de las autoridades de YMAD?”, preguntó. También mencionó la importancia de las pericias de la Sigen, la Procelac, la Auditoría General de la Nación (advirtió que esta es la misma entidad que hizo pericias en los juicios por la tragedia de Once y por la causa Vialidad) y de la misma Unidad de Auditoría Interna de la UNT, además de testigos y peritos como el ingeniero Francisco Guzmán, de la Corte Suprema de la Nación, que fue demoledor con respecto a los sobreprecios en las obras.

Las colocaciones, esta semana

En cuanto a las colocaciones financieras por sumas millonarias, tema que había sellado el último día de testimonios, cuando Luis Sacca pidió hablar para señalar que las pericias habían demostrado que se devolvió todo y no hubo irregularidades, Camuña reconoció que no se podía sostener la acusación primera de que los fondos no volvieron a la UNT, después de las pericias y del perito Daniel Fontana de la Corte Suprema. Pero a su turno Doz Costa dijo que desde 2006 habían llegado fondos que se usaron –antes del mismo régimen que crearía Cerisola- “en obras y en gastos que no tenían que ver. Caja chica, equipamientos, automotores, ómnibus, con autorizaciones de Sacca y de Cerisola. Acá aparece la relevancia de Sacca en la gestión, otorgando autorizaciones que no se contemplan en el organigrama. Acá se ve la relevancia que tiene en la gestión”.

Las puertas que se abrirán

De las colocaciones financieras y de Sacca va a hablar el fiscal Chit. Y vendrá el pedido de condenas, la definición del daño a la UNT (el juicio es por irregularidades por unos U$S 85 millones). Camuña dijo que se va a pedir también devolución, en lo posible.

De todas las cosas mencionadas hablará después el abogado Esperguín. Luego los defensores van a argumentar en contrario.

La decisión final de los jueces, posiblemente en julio, abrirá puertas en un sentido u otro. Si hubiera condenas, se potenciarán los procesos judiciales vinculados con este juicio: el que se inició contra una veintena de empresarios que hicieron las obras en disputa; el proceso contra Olga Cudmani por la no justificación de $ 70 millones por retenciones en algunas de estas obras y en otras de la Universidad, y las investigaciones que promete pedir que se inicie la Fiscalía. En la Universidad significará profundizar el debate y las decisiones sobre cuál es la ciudad universitaria que hay que construir –la ley parece indicar que es la del cerro San Javier-. También, qué va a hacer con su participación en la minería y con la infraestructura que quedó de Minera Alumbrera.

Si no hubiera condenas y se dieran sobreseimientos, otra será la historia.