

“Hoy estamos en boca de todos, pero hay muchos Alberdi en Tucumán”, resumió Fernando Gramajo, habitante del municipio que fue intervenido hace dos semanas luego de que surgieran indicios de supuestos vínculos entre funcionarios con narcos de esa ciudad. El joven comerciante no es un especialista en la materia, pero sabe que las garras de ese monstruo llamado narcotráfico ya está lastimando la vida diaria de al menos siete municipios.
A los municipios de Tafí del Valle, Famaillá, Monteros, Simoca, Concepción, Aguilares, Alberdi, Graneros y La Cocha, están atravesados por la llamada “Ruta de los valles”, el nuevo recorrido elegidos por los narcos para transportar cocaína a nivel provincial y nacional. Son también localidades en las que aturde el clamor de las madres pidiendo ayuda para que sus hijos reciban asistencia por las adicciones que padecen.

Según las investigaciones, ese circuito comienza en las localidades salteñas que limitan con Bolivia. Allí se acondicionan los vehículos con la droga. Antes de llegar a Cafayate, los transportistas definen cuál es el camino a seguir por la ruta 40. Una es llegar a Santa María para continuar por los caminos catamarqueños o tomar la ruta 307. No importan tanto las distancias ni el estado de las vías, la elección dependerá de los puestos de controles que las fuerzas de seguridad tengan desplegados.
Sólo la Policía de Tucumán tiene uno permanente en Colalao del Valle. Gendarmería Nacional realiza operativos eventuales en ese lugar, Las Mesadas y en distintos puntos de la ruta 38.

Los caminos alternativos que conducen a las rutas nacionales 38, 157 y 9 están desprotegidos y la droga es transportada, según los registros de las distintas fuerzas, a nuestra provincia, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, Córdoba y Buenos Aires.
Estadísticas
Pese a los escasos controles que hay, en lo que va del año se secuestraron 603 kilos de cocaína en toda esa zona, casi el doble de los 325 decomisados el año pasado y de los 335 incautados en 2023. Aquí no hay dudas: es mucha más la que pasa que la que se encuentra. “Estamos fortaleciendo la vigilancia en todos los puntos limítrofes de la provincia. No falta mucho tiempo para que tengamos más hombres y recursos tecnológicos para mejorar aún más la tarea. Este año se ha quintuplicado la cantidad de cocaína secuestrada”, explicó Jorge Dib, secretario de Lucha contra el Narcotráfico.
La Provincia que aceptó hacerse cargo de la lucha contra el narcomenudeo, continúa colaborando con las fuerzas federales para presentarle batalla al narcotráfico. Colocó un contenedor en Colalao del Valle para que los gendarmes se instalen allí y el delegado comunal les cedió un inmueble para que duerman y coman. Pero hasta el momento, no utilizan ese recurso de manera permanente.
“En la mayoría de las investigaciones que hemos realizado hay un elemento común: todos los caminos conducen al sur tucumano”, había advertido en 2018 el juez federal catamarqueño, Alejandro Contreras. En esos tiempos hablaba sobre el tráfico de marihuana. Pero en menos de siete años el escenario narco cambió. El cannabis fue reemplazado por la cocaína.
Por el cielo
“Acá desde hace rato que observamos volar avionetas. Algunos dicen que son naves que están fumigando, pero los lugareños saben que eso es imposible porque vuelan sobre campos que no están cultivados”, sentenció el simoqueño Walter Jiménez. “Cuando se escucha el ruido de los motores de una avioneta, al poco tiempo se observa camionetas cuatro por cuatro circulando a toda velocidad. Algo extraño hay”, sostuvo el alberdiano Esteban Ramírez.

Los municipios de Simoca, Alberdi, Graneros y La Cocha, están en la mira de las fuerzas federales. Los investigadores sostienen que allí arrojarían droga los narcos para luego transportarla a otras provincias. Los radares instalados por la Nación no tienen alcance en esa zona, sí en gran parte de Santiago del Estero.
Existen dos antecedentes de vuelos narcos en el sur tucumano. El primero de ellos se registró en mayo de 2018, gendarmes encontraron unos 277 kilos de marihuana que el clan Paradi había recibido por vía aérea desde Paraguay y enterrado en una finca de Monteagudo. En diciembre de ese año, en un camino vecinal que unía La Cocha con Taco Ralo, descubrieron que una avioneta había arrojado 273 kilos de marihuana. Por este caso fueron procesados un empleado municipal de esa localidad, el arrendatario y el cuidador del campo.
Este hallazgo se concretó por una información que le había llegado al fiscal de Concepción Miguel Varela. El investigador fue hasta el lugar, confirmó la versión de que habían arrojado marihuana, realizó las primeras actuaciones y se declaró incompetente. Semanas después, el juez federal Daniel Bejas archivó la causa al comprobar que el cannabis estaba seco y no tenía THC, es decir, no era droga.
¿Qué pasó? Hubo dos teorías sobre este caso. La primera es que los compradores podrían haber sido engañados por los proveedores y la segunda, que en algún momento se intercambió la droga buena por una mala. Nunca se supo los resultados de la pesquisa que se hizo por esta situación, pero sí se conoció que el magistrado dispuso que la Policía de Tucumán no siguiera con el expediente.
Pero más allá de esos casos, los habitantes de las zonas rurales no paran de asegurar que hay avionetas que arrojan “porquería” a los campos. “Hay muchos lugares en los que hay movimientos extraños. En esas zonas no viven muchas personas y cualquier cosa que altere la rutina es descubierta”, indicó Juan José Herrera.
En noviembre pasado, en una reunión que mantuvieron con autoridades del Ministerio de Seguridad de la Nación, representantes del Foro de Seguridad Rural Argentina (FSRA) habían advertido de esta situación. “Cabe destacar que nuestra zona, como todo el país, pasó de ser un lugar de tránsito y consumo de estupefacientes provenientes de Perú, Colombia y Bolivia con pistas aéreas clandestinas detectadas en la ruralidad, esto es consecuencia de la permeabilidad de nuestras fr0onteras terrestres y la falta de radares en el espacio aéreo”, se puede leer en el documento que fue firmado por Juan Iramain, José Leal y Eduardo Usandivaras (h).