Cristina Kirchner, ex presidenta de la Nación.
Un nuevo revés judicial sufrió la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Este martes, la Cámara de Casación Penal Federal rechazó un recurso presentado por la defensa en la causa Vialidad para trasladar a la Corte Suprema de la Nación el régimen de visitas y el uso de la tobillera electrónica.
La Sala IV convalidó su falló anterior del pasado 11 de julio en el que había ratificado, por mayoría, el uso de dispositivo electrónica y el régimen de visitas impuesto por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2. El titular Mariano Borinsky votó en disidencia.
La defensa de la ex mandataria había presentado ante el máximo tribunal en materia penal del país un recurso extraordinario para que la Corte revise el fallo del pasado 11 de julio del 2025 de la Casación Federal. Además, solicitó la recusación de los jueces de la Corte, Horacio Rosatti, Carlos Ronsenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
En la sentencia impugnada, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal había rechazado el recurso de casación interpuesto por los representantes de la expresidenta mediante la que pretendía una revisión de las condiciones impuestas en su arresto domiciliario.
En su momento, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña argumentaron el rechazo de la impugnación tras considerar que tanto las restricciones a las visitas como el uso de la tobillera permiten un control judicial efectivo. En tanto que Borinsky votó en disidencia y recordó que la exmandataria cuenta con custodia permanente de la Policía Federal.
En respuesta, la defensa de Cristina interpuso recurso extraordinario en el cual incluyó la recusación de los jueces de la Corte Suprema. El Fiscal General ante la Cámara, Mario Villar, contestó la presentación y pidió que se declare inadmisible la presentación de la defensa.
Este martes, Hornos y Barroetaveña resolvieron declarar inadmisible el recurso. En el escrito, señalaron que la medida cuestionada no supone una restricción irrazonable al derecho a la dignidad humana, sino que prevé una regulación ordenada y razonable sobre quien accede al domicilio en atención a la naturaleza excepcional de la prisión domiciliaria y a los fines propios de la ejecución penal.
En tanto que Borinsky, al votar en disidencia, advirtió cuestiones de índole federal, como las garantías constitucionales previstas en el derecho a la privacidad y a la intimidad, que habilitan la intervención de la Corte Suprema. La defensa de la exmandataria deberá ir en queja a la máximo tribunal.























