¿La mano dura apaga las llamas que envuelven a Tucumán?

¿Está bien aplicar la “mano dura” (“severidad en el mando o en el trato personal”, según la definición de la Real Academia Española) en una provincia donde la anomia (“ausencia de la ley”) pareciera imponerse en diferentes situaciones? Las respuestas pueden ser varias. Pueden estar fundamentadas sobre cuestiones legales, ideológicas y hasta culturales. Lo único cierto es que siempre generan polémica.

Días atrás, una mujer aseguró que a lo largo de la historia la quema de pastizales y cañaverales durante los meses de agosto era un clásico tucumano; como el consumo de achilata en el verano. Esa definición surgió en medio de la polémica que generó la decisión del Ministerio Público Fiscal de accionar penalmente contra de terceros que hayan decidido generar un daño, contra los productores que utilizan este recurso para abaratar costos y los arrendatarios o contra propietarios, debido a que no tomaron las medidas necesarias para evitar los incendios.

Las entidades del campo rechazaron duramente esta política criminal. Los productores amenazaron con cortar rutas y caminos vecinales si la Policía continuaba deteniendo personas. En el medio, el Gobierno busca poner paños fríos a la situación, mientras la mayoría de los ciudadanos no se mueve ni un centímetro de la zona de incredulidad. Son pocos los que creen que algo cambiará. Lo único concreto es que incendiar pastizales y cañaverales constituye un delito contra los productores (si se buscó hacer un daño), contra la salud pública y contra el ambiente.

“Me parece una excelente iniciativa que se cuide el ambiente y se controle todo el accionar que lo contamine, como ser la quema de cañas. Pero también es importante señalar que estamos acostumbrados en Tucumán a ver una política criminal que arrasa con derechos constitucionales”, sostuvo el penalista Patricio Char. “Asisto a empresarios cañeros que no tienen ninguna responsabilidad con la quema, pero lo mismo fueron imputados. Esto indica que se implementa esta política criminal para aparecer en los medios y dejar un mensaje. No van a la raíz del problema para solucionarlo”, añadió.

Dos claros ejemplos

No será la primera vez que el Ministerio Público endurece su política criminal por situaciones “especiales”. Entre marzo y agosto de 2023, los tucumanos vivimos sobresaltados por una ola de mensajes intimidatorios que se enviaban a los establecimientos educativos. Las consecuencias de una moda juvenil fueron: caos en el tráfico, padres abandonando sus puestos laborales para ir a buscar a sus hijos y el desplazamiento de policías y de bomberos para atender cada uno de los casos, por sólo citar algunos. Las “bromas” de pésimo gusto se acabaron cuando el MPF procesó a adolescentes y a padres por cometer estos ilícitos. Se abrieron centenares de expedientes que se cerraron con reparaciones económicas, tareas comunitarias y la obligación de realizar talleres para que menores y adultos reflexionaran sobre el daño que habían causado. Ningún imputado terminó en la cárcel, pero se frenó el caos.

El año pasado, con la firma del gobernador, Osvaldo Jaldo, y de todos sus ministros, el Poder Ejecutivo promulgó un decreto para poner punto final a las peleas callejeras entre adolescentes cuyas imágenes se viralizaron en todo el país. Varias de las medidas que se habían tomado vulneraron los derechos de los tucumanos. Entre otras, revisar sin autorización judicial y sin motivo alguno las mochilas de los estudiantes en las puertas de los colegios y cesantear a todo empleado estatal cuyo hijo se viera involucrado en un incidente. No hubo una lluvia, sino un huracán de críticas por la iniciativa. Hasta especialistas a nivel nacional plantearon sus quejas ante las autoridades provinciales. Lo llamativo del caso es que nunca se aplicó. No hubo ni un adolescente procesado y ningún trabajador perdió su trabajo. Con el mensaje bastó para acabar con esa especie de “show de violencia”.

“Trencitos” polémicos

Uno de los mayores ejemplos de mano dura se pasea por los barrios de toda la provincia. La Policía los llama operativos de prevención y los vecinos, “trencitos”. Abogados, sociólogos y defensores de derechos humanos consideran que estos procedimientos son un compendio de vulneración de garantías constitucionales y abusos policiales. “Me gustaría que esas personas caminen por los barrios más peligrosos de Villa 9 de Julio. Cuando no andan los ‘milicos’ con todo el ‘changuerío” molestando en las esquinas. De ahí surgen las peleas o se planean robos para que ellos puedan seguir tomando alcohol o consumir drogas”, dijo el albañil Juan Carlos Barrionuevo.

El juez Mario Velázquez del Centro Judicial Monteros fue uno de los pocos magistrados que hizo referencia a esta cuestión en un fallo. “Este magistrado no desconoce que estos ilegales, insconstitucionales e inconvencionales accionares policiales son moneda común; no de ahora, sino de hace décadas, siglos. Pero sí observo con profunda preocupación que el Ministerio Público Fiscal, órgano encargado de, nada más y nada menos, promover la actuación de la Justicia en defensa de la legalidad y los intereses generales de la sociedad, haga propios estos atropellos a los más fundamentales derechos de las personas”, firmó en un fallo.

El jefe de Policía, Joaquín Girvau, no entró en la polémica. “Desde un principio dijimos que recuperaríamos el poder de las calles y eso es lo que estamos haciendo. Por eso son buenos los resultados”, repitió una y otra vez desde que asumió en el cargo. Basó sus dichos sobre las estadísticas que indican que, según los datos del Ministerio de Seguridad, se redujeron más de un 25%, una cifra que es cuestionable porque no reflejan las cifras en negro, es decir, los casos que no son denunciados. Sí destacó la baja de los índices de homicidios. Quedan apenas seis días para que agosto de 2025 se transforme en el primer mes de los últimos ocho años en el que no se haya registrado un crimen. Hasta hoy, en lo que va del año, se contabilizaron 20 muertes violentas, un 50% menos que en idéntico período de 2024.

En los tribunales tucumanos están sorprendidos por la intensa actividad que desplegó la Fiscalía de Estado a cargo de la fiscala de Estado, Gilda Pedicone, y de Raúl Ferrazano. Mediante su penalista José María Molina, la Provincia se transformó en querellante y denunciante en los casos de usurpaciones, la sedición policial de 2013 y el intento de incitar una huelga el año pasado, el robo de agua, amenazas agravadas en contra del gobernador y la venta ilegal de mercadería de Desarrollo Social, por sólo citar algunas. Varios de estos procesos terminaron con condenas a los acusados y otras causas están cerca de llegar a juicio. Un veterano magistrado dijo que esto no ocurría desde hace décadas. “Hay una decisión política de defender el patrimonio de los tucumanos”, fundamentó Pedicone. “Hay una desigualdad muy grande a la hora de actuar en un expediente de estas características. No importa el esfuerzo que uno haga, ya se sabe cómo se cerrarán las causas. Pareciera que en Tucumán el fin justifica los medios”, destacó el abogado Javier Lobo Aragón.