Por Gustavo Rodríguez
05 Septiembre 2025
Los casos son novedosos no sólo por el lugar donde se concretaron, sino por la utilidad que se les otorgará a los tres terrenos que recuperó la Provincia. El primero de ellos está ubicado en la intersección de Alfredo Guzmán y La Madrid que fue entregada al Ministerio de Seguridad, al igual que otro de Pringles al 500 para la construcción de una dependencia policial. El último, en la esquina de José Ingenieros y avenida Sáenz Peña, terreno que volverá a quedar en manos de la ENET 2.
Personal de la Unidad Ejecutora de la Fiscalía de Estado, descubrió que parte de las tierras que pertenecían al establecimiento educativo había sido ocupada ilegalmente desde hace varios años. Allí se había montado un taller que, según confiaron los vecinos, podría haber contratado a los estudiantes para cubrir puestos.
“Siempre nos llamó la atención que un taller tan grande esté pegado a la escuela. Tiene muros muy altos que impedían ver qué pasaba adentro. Cuando vimos semejante operativo policial, nos quedamos helados. Ahí nos enteramos de que eran tierras fiscales que esta gente había usurpado”, indicó Susana del Valle Ramírez, vecina de la zona.
El desalojo, por pedido de los ocupantes, se demoró porque pedían más tiempo para desarmar la planta. Cuando las autoridades llegaron al lugar, descubrieron que habrían intentado quitar las vías que están en el lugar. El terreno quedó en manos del Ministerio de Educación.
Histórico
En 1911, la Provincia compró un importante predio ubicado en lo que hoy es la esquina de la avenida Alfredo Guzmán y La Madrid para la construcción de una escuela. El proyecto nunca se concretó, pero se hizo una obra que dividió el terreno en dos: el canal sur. La parte del oeste quedó en manos de personas que dijeron ser hijos de los cuidadores de la Quinta Guillermina. El sector este no fue ocupado, pero sí alambrado.
Un inspector municipal analizó una obra (sería un oratorio que estaba siendo construido con el aporte de vecinos) y decidió clausurar porque interrumpía la visibilidad. Al analizar los permisos, descubrieron que la edificación se estaba desarrollando en tierras fiscales.
Intervino la Unidad Ejecutora y después de arduas negociaciones, recuperó el terreno desocupado y ahora sigue las gestiones para determinar qué hará con los predios en los que construyeron las viviendas. Las tierras fueron entregadas al Ministerio de Seguridad, que tendría proyectado hacer una sede policial que reemplazaría la comisaría de Marti Coll, Yerba Buena.
En abril pasado, la Provincia recuperó un terreno de Pringles al 500 cuyos vecinos habían usurpado para extender sus dominios. El caso generó una polémica porque habían colocado un portón automático. En las últimas semanas, las autoridades recibieron denuncias de que los mismos ocupantes lo seguían utilizando para guardar sus vehículos particulares. Personal de la Fiscalía de Estado y del área de Seguridad confirmaron la versión, por lo que volvieron a intimar a los usurpadores. Les explicaron a los habitantes de esa zona de Yerba Buena que estaba previsto utilizar el predio para la construcción de una sede policial.
“Hay un grupo de gente que no quiere saber nada. Pero son los menos; estamos seguros de que son los que guardan sus autos ahí. En esa especie de reunión, los funcionarios se mostraron sorprendidos por el planteo y señalaron que, hasta que se concrete el proyecto, volverán a poner muros para que nadie ingrese”, sostuvo Fernando Miranda.
Voces
Eugenio Agüero Gamboa, ministro de Seguridad, dijo que la Provincia avanzará con los proyectos. “Lo primero que se hará es poner un control vehicular en la avenida Alfredo Guzmán, que es una zona bastante complicada. Quiero destacar que este es el resultado de un trabajo de equipo. Se detecta un problema y se lo soluciona pensando en el bienestar de la comunidad”, indicó.
“Me parece perfecto que recuperen los terrenos que son del Estado antes de que se los agarre algún pícaro. Pero es mucho más importante si se les da un destino útil, mucho mejor si es para que haya más seguridad en la zona”, explicó Juan Pedro Salvatierra.
Los que no están tan conformes son los vecinos que aportaron dinero para construir el oratorio. “Todo el mundo sabía de este proyecto y recién ahora salen a decir que estábamos usurpando tierras fiscales. Estoy segura de que el padre ‘Carlitos’ (Sánchez, arzobispo de Tucumán) intervendrá y buscará una solución”, anheló María Rosa Rodríguez.
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