27 Septiembre 2025
La República Argentina presentó en la Corte de Apelaciones del Distrito Sur de Nueva York, sus fundamentos de apelación contra la orden de entrega de las acciones de YPF. La medida se da luego del fallo de primera instancia de 2023 de la jueza Loretta Preska que obligó al Estado argentino a pagar U$S 16.000 millones más intereses en favor de Burford Capital, el estudio ingles que compró los derechos de litigio en esta causa y es el principal beneficiario. El objetivo de la gestión del presidente Javier Milei es frenar la entrega del 51% de las acciones de la petrolera de bandera nacional.
Según el especialista Sebastián Maril, la presentación ante la Cámara de Apelaciones se centra en cuatro puntos.
1. La justicia EEUU no puede obligar a un país soberano repatriar sus activos ubicados en el exterior.
2. La jueza Loretta Preska aplicó erróneamente la Ley del Estado de Nueva York (CPLR 5225) sobre el trato de estos activos ubicados en el exterior.
3. Utiliza la Ley de Inmunidad Soberana como protección para que el país no se vea obligado a entregar las acciones de YPF.
4. Invoca las relaciones diplomáticas entre dos naciones amigas y las consecuencias diplomáticas de obligar al país entregar sus activos.
Se estima que la definición de este proceso podría darse en el primer trimestre de 2026.
Los límites legales
En esta causa, el gobierno de los Estados Unidos se presentó como amicus curiae de la Argentina y argumentó que la orden del tribunal de transferir acciones de YPF por parte del Estado argentino, aún cuando esas acciones estén fuera del territorio estadounidense, podría vulnerar los límites legales de ejecución de bienes de estados extranjeros que establece la FSIA. Además, consideró que ese tipo de decisiones podrían tener ramificaciones negativas en las relaciones exteriores de Estados Unidos y afectar el trato recíproco de sus bienes o activos ante cortes en otros países.
Asimismo, añadió que, si Argentina cumple la orden de entregar las acciones sin que la apelación del fallo primario esté decidida, podría sufrir un daño irreparable: incluso si luego consigue un fallo favorable, podría perder la posibilidad de recuperar esas acciones entregadas.
La postura argentina plantea que entregar las acciones de la compañía petrolera violaría la inmunidad soberana argentina e imposibilidad de aplicación porque las acciones no están en Estados Unidos ni fueron usadas con fines comerciales. El escrito fue presentado por Carmine D. Boccuzzi y Rathna J. Ramamurthi, del estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton.
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