En Uruguay se legalizó la eutanasia en una votación histórica en el Senado

El proyecto de ley, llamado "Muerte Digna" fue impulsado por el partido de izquierda gobernante, el Frente Amplio (FA) .

Beatriz Gelós, quien padece Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), fue impulsora de la legislación. Beatriz Gelós, quien padece Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), fue impulsora de la legislación.
16 Octubre 2025

En Uruguay, el Senado aprobó el proyecto de ley de "Muerte Digna" por una gran mayoría. Después de obtener la aprobación de la Cámara de Representantes en agosto pasado, el Senado convirtió en ley la eutanasia con 20 votos a favor de un total de 31 parlamentarios presentes.

El proyecto de ley, llamado "Muerte Digna" fue impulsado por el partido de izquierda gobernante, el Frente Amplio (FA) para despenalizar la muerte asistida bajo ciertas condiciones. Con esta ley, Uruguay se unió a una pequeña lista de países que permiten la muerte asistida, incluidos Canadá, Holanda, Nueva Zelanda y España.

En América Latina, Colombia y Ecuador han despenalizado la eutanasia a través de decisiones judiciales, pero esta es la primera vez en la región que se aprueba a través de una ley.

Algunos de los requisitos son ser mayor de edad, ciudadano o residente y estar mentalmente en forma en una etapa terminal de una patología incurable o que cause un sufrimiento insoportable, con un grave deterioro de la calidad de vida.

¿Cómo es el procedimiento?

Según el proyecto de ley, el médico al que se solicita el procedimiento puede rechazar la solicitud. En esa instancia, el paciente puede hacer una nueva solicitud a otro médico. Si este último también rechaza la solicitud, se debe convocar a una junta médica que debe estar integrada por tres médicos, un psiquiatra, un especialista en la patología que padece el paciente y un tercero que se defina en la reglamentación de la ley. Las instituciones médicas también pueden rechazar el procedimiento.

Si el médico acepta la solicitud de asistencia para morir, deberá someter el caso a consideración de un segundo médico, que también tendrá acceso al historial clínico y mantendrá una consulta presencial con el solicitante. Si el segundo médico confirma la opinión del primero, el procedimiento podrá avanzar.

El paciente también deberá pasar por varias instancias previas antes de dejar su voluntad por escrito y frente a testigos, y puede arrepentirse en cualquier instancia del procedimiento. El texto aprobado en la Cámara de Representantes también incluye la formación de una comisión de revisión de casos, que deberá informar sus resultados anualmente.

Los servicios y las instituciones

Pueden ofrecer la eutanasia la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), el principal proveedor de salud pública de Uruguay, las instituciones privadas de salud sin fines de lucro conocidas como mutualistas, los seguros privados, el Hospital de Clínicas, la Sanidad Militar y la Sanidad Policial, pero no las clínicas privadas. A efectos legales, los procedimientos de eutanasia se considerarán como muertes naturales.

Para la activista Florencia Salgueiro, del grupo Empatía, la clave de la ley es el respeto que tiene por la voluntad de un adulto de poner fin a su sufrimiento. Florencia fue testigo de la lucha de su padre por recibir asistencia para poner fin a su vida cuando la ELA hacía sus días insoportables. Pablo Salgueiro murió a los 57 años sin cumplir su deseo.

Los defensores del proyecto coincidieron en que su redacción brinda garantías y representa la historia de un país acostumbrado a aprobar leyes liberales como la regulación del mercado de cannabis, el matrimonio igualitario y el aborto.

El 62% de los uruguayos está a favor de legalizar la eutanasia y solo el 24% la rechaza, según una encuesta presentada en mayo por la Consultora Cifra. El Colegio Médico respetó las diversas posiciones de sus miembros y no proclamó una posición sobre el tema. Sin embargo, asesoraron en todo el proceso "para tener las máximas garantías para los pacientes y para los médicos", comentó el presidente de la entidad, Álvaro Niggemeyer.

Por su parte, la Iglesia Católica mostró "tristeza" ante la votación afirmativa en la Cámara de Representantes, y la resistencia al proyecto traspasó los ámbitos religiosos. Más de una docena de organizaciones y decenas de personas rechazaron la redacción del proyecto por "deficiente y peligrosa".

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