Un consejo de movilidad segura va a ser la primera medida a tomar en busca de disminuir los accidentes de tránsito. Así lo han expresado Tania Cruz, directora ejecutiva de Meta Tucumán, y Jorge Luis Sosa, director de Acción Política del Ministerio de Gobierno y Justicia, que en una entrevista con LG Play resumieron los puntos para diseñar estrategias entre el Estado y los privados que ayuden con el análisis de lo que falta frente a las fallas de la políticas emprendidas.
Ya el año pasado se habían llevado a cabo mesas conjuntas de enlace con diálogos de todo tipo en los que se planteó la cantidad de siniestros que suceden en la provincia y el impacto que generan en el sistema de salud, la seguridad, lo judicial y hasta lo económico, según explicó Cruz. Luego, a mediados de este año, se desarrolló el Foro Tucumán Responsable, en el que los distintos referentes expusieron sus conocimientos, datos y estadísticas sobre el tema. Ahora, con el consejo de movilidad segura -que incluirá a ciudadanos de a pie, el Estado y organizaciones privadas- se buscará un proceso vivo y dinámico que permita trabajar en políticas y acciones, en distintos nodos regionales y que cada uno de ellos se adapte a las distintas realidades económicas de la provincia.
Mientas tanto, la realidad parece indomable. Las 335 víctimas fatales de accidentes del año pasado que consigna la organización Luchemos por la Vida posicionan a nuestra provincia como la cuarta en siniestros en el país; y los casos recientes, más los constantes percances de motociclistas -se reportan 20 emergencias diarias con motos en el hospital Padilla- obligan a exponer los problemas para que no se naturalicen.
Precisamente la idea de diseñar políticas en un proceso dinámico implica analizar cómo funcionan las estrategias ya diseñadas. La Municipalidad capitalina, por ejemplo, comenzó haciendo tareas de control, además de la intensa campaña de concientización de uso del casco, y diseñó acciones junto a la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Habría que saber qué efecto están teniendo en relación con los accidentes y con la conducta de los conductores. Lo mismo ocurre con la Municipalidad de Yerba Buena, que tiempo atrás había expresado la intención de radarizar la avenida Perón y dejó la propuesta pendiente. La provincia y la Nación, que se ocupan de las rutas, poco tratan el tema de los radares. Ni que hablar de la infraestructura vial, que acusa fuerte deterioro a pesar de las tareas de recuperación en algunos casos.
También se entiende, como dijo Cruz, que “es un trabajo de acá a 30 años”, puesto que “estamos hablando de una cuestión cultural, de los hábitos que tenemos desde siempre y cómo nos compartamos en relación a la seguridad vial”. Pero habría que enfatizar en el necesario compromiso de todos los referentes, incluyendo municipalidades y comunas, en pos de empezar cuanto antes a morigerar esta epidemia.















