Por Bárbara Nieva
30 Octubre 2025
PROBLEMÁTICA QUE SUMA CAPÍTULOS. Los empresarios advierten sobre la crisis del transporte público de pasajeros.
La advertencia de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat) sobre la crisis del transporte público reavivó las discusiones por las plataformas electrónicas en San Miguel de Tucumán. Si bien los choferes exigen mayor control sobre las aplicaciones que transportan pasajeros, en el Concejo Deliberante sostienen que sin una mejora en las unidades, no se logrará bajar la demanda de vehículos particulares.
“Tenemos que avanzar urgentemente con las licitaciones (de las líneas de colectivos). Sin ellas no se va a poder mejorar nunca el servicio”, manifestó el concejal Leandro Argañaraz, de la Unión Cívica Radical (UCR). A su vez, analizó que la preferencia del usuario sobre las plataformas como Uber, Didi o Cabify es una consecuencia de la baja calidad del servicio de transporte. “¿Qué persona prefiere ir en moto antes que en un transporte público, si es que está en buen estado? Están perdiendo pasajeros porque la gente prefiere ir en la moto con viento, con lluvia, con frío porque el estado de los colectivos es horrible”, planteó.
En tanto, el concejal Carlos Ale (Partido por la Justicia Social) aseguró que “no hubo una política del Ejecutivo municipal destinada al transporte”. “Lo que tienen que hacer es mandar los pliegos al Concejo, que sus miembros los trabaje y así ellos puedan llamar a licitación. Ahí el municipio podrá marcar sus responsabilidades; que sea un servicio presentable higiénicamente, un chofer en condiciones, que se cumplan los horarios, que se respete la frecuencia”, mencionó.
Regulación de las apps
En el cuerpo parlamentario también se exige el tratamiento de los proyectos para regular las plataformas digitales y siguen exhibiéndose alternativas para tratar la cuestión. Por ejemplo, el concejal Emiliano Vargas Aignasse (Peronismo de la Capital) presentó una propuesta para autorizar transitoriamente, por un año, la circulación de motos de transporte fundamentando que la movilidad y transporte de personas en motovehículos requiere un marco regulatorio que garantice la seguridad vial.
Entonces, se plantea un articulado que demanda una serie de requisitos como identificar el vehículo en un Registro municipal de Excepción; que la motocicleta esté debidamente matriculado y con el equipamiento obligatorio, entre otros ítems.
En línea con este planteo, el edil Carlos Arnedo (Acción Vecinal) consideró que la Provincia enfrenta un problema estructural de movilidad urbana que es necesario atender. “La realidad superó a la norma. La gente ya las usa, y hay familias que dependen de esta actividad. El Estado no puede seguir mirando para otro lado. Es momento de regular, controlar y garantizar reglas claras para todos”, remarcó.
El concejal, además de solicitar una política integral de movilidad urbana, aseveró que “regular las plataformas digitales es dar un paso adelante”. “La gente ya eligió cómo moverse. Ahora es el turno del Estado de acompañar esa elección con leyes modernas, que protejan a todos y le devuelvan al sistema de transporte orden, confianza y sustentabilidad”, dijo.
El Concejo Deliberante mantiene bajo análisis la reglamentación de las apps. En el último tiempo, la discusión quedó suspendida por la cercanía del proceso electoral. Ahora, tanto el sector taximetrero como el de los empresarios del transporte público exigen que se renueve el debate.
Pedido de audiencia: taxistas enviaron una nota a la intendenta
El Sindicato de Peones de Taxis de Tucumán presentó un pedido de audiencia a la intendenta capitalina, Rossana Chahla, para debatir la problemática de las apps de transporte. “No solamente nadie las controla, o no las quieren controlar, sino que está llevando sin frenos a una catástrofe y a una precarización laboral nunca vista a nuestra actividad, la cual perjudica, enormemente y día a día, a los trabajadores taxistas por falta de decisiones políticas”, reclama el escrito. Además, plantea que el sector taximetrero “viene padeciendo una situación económica insostenible”, con un salario de “aproximadamente $15.000 a $20.000 por día”.
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