Por Matias Argañaraz
20 Noviembre 2025
Julián Alfie.
En un conversatorio titulado “Ministerio Público Fiscal de Tucumán: eficacia, transparencia y censura”, organizado por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), especialistas, académicos y periodistas evaluaron las implicancias de la reciente resolución judicial que restringe la difusión de críticas al funcionamiento del Ministerio Público Fiscal (MPF) de Tucumán. La medida, que afecta a periodistas y comunicadores, fue señalada como una limitación a la libertad de expresión y al control ciudadano sobre el sistema de justicia.
Julián Alfie, director ejecutivo de Inecip, planteó que la situación en Tucumán se inscribe en una tendencia regional. “En casi todos los países de América Latina, en mayor o menor medida, los Ministerios Públicos se han convertido en terrenos de disputa de poder que antes no lo eran”, afirmó. Según explicó, la implementación de los sistemas acusatorios y la creciente complejidad del delito ampliaron el peso institucional de las fiscalías: “Todos los sectores de poder económico y político saben que quien controla las fiscalías controla privilegios, blindajes y básicamente la impunidad”. Para Alfie, los cambios de las últimas décadas colocaron a los Ministerios Públicos frente a una situación que demanda mayor eficacia y transparencia.
Bozal legal
Desde el ámbito periodístico, Roque Galeano describió el impacto directo de la resolución judicial. “En nuestro medio, Enterate, comenzamos a darle espacio a las denuncias de los tucumanos. No hay un interés del medio en hacer quedar mal a nadie, lo que hicimos fue escuchar a las víctimas, exponerlas, y todo lo que decimos está documentado”, sostuvo. Relató que, tras consecutivas coberturas de hechos denunciados por familiares y víctimas, comenzaron a recibir presiones y posteriormente se dictó “el pedido de bozal legal que fue convalidado por el juez subrogante Lucas Taboada”. Galeano advirtió que la medida afecta potencialmente a todos los programas emitidos por la señal CCC y remarcó: “Es muy preocupante que vamos casi dos semanas de este bozal legal y no se haga nada”.
Por su parte, Fernando Stanich, integrante de FOPEA, ubicó el caso en un deterioro más amplio. “En Argentina, no solo en Tucumán, hay un claro deterioro de la libertad de expresión, el acceso a la información y de la vigencia de los derechos humanos”, afirmó. Según el monitoreo de la entidad, el 80% de los ataques registrados el año pasado provinieron de violencia estatal o paraestatal. Stanich señaló también la falta de transparencia judicial: “No hay poder que se resista más a la transparencia y al control ciudadano que el poder judicial”.
Finalmente, Alicia Noli, presidenta de la Asociación de Profesores de Derechos Humanos, remarcó la gravedad institucional del caso. “Desde la óptica del Derecho Constitucional y de los Derechos Humanos está absolutamente prohibido”, afirmó sobre la censura, y sostuvo que existe “un debilitamiento del Estado de Derecho muy fuerte”. Consideró que la resolución debería ser revisada por un tribunal y alertó que la afectación resulta especialmente preocupante “en tiempos de fake news, de desinformación” y avances tecnológicos que requieren más control y debate público.
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