Por Juan Manuel Montero
28 Noviembre 2025
MONTEROS. La causa se tramita en el centro judicial de esa ciudad. LA GACETA / FOTO DE OSVALDO RIPOLL
Tras la denuncia por extorsión y el allanamiento al jefe policial de Famaillá, nuevos detalles del expediente revelan cómo se manejó el operativo, qué pruebas reunió la Justicia y cómo actuó el juez Mario Velázquez frente a inconsistencias del procedimiento.
La investigación se originó a partir de la denuncia de una mujer cuyo domicilio fue allanado sin que los policías exhibieran una orden judicial, según ella dijo. Declaró que el comisario a cargo del operativo le exigió millones de pesos para no complicar la situación procesal de su pareja. La maniobra involucraría a otros efectivos que participaron del procedimiento y a una abogada que, según los videos y audios incorporados, habría acompañado la entrega del dinero. Un vecino que presenció parte de los hechos filmó discretamente el encuentro en el que la denunciante entregó una de las sumas solicitadas, registros que hoy son piezas clave.
Según su denuncia, durante el procedimiento, uno de los efectivos ingresó al baño, abrió su riñonera y sacó un envoltorio, lo que hizo que el esposo de la denunciante gritara que le estaban “plantando algo”. El policía reaccionó con insultos, afirmando que estaba guardando su arma. La mujer insistió en que jamás les mostraron la orden judicial y que les informaron que buscaban a “un tal Pañal”. Ese nombre correspondía a Cristian Daniel Gómez, alias “Pañal”, sospechoso de un hurto simple cuyo allanamiento y detención habían sido ordenados por el juez Marcos Núñez Campero. El libro de novedades de la comisaría y el legajo detallan que Gómez fue detenido ese mismo día, en otro domicilio.
La mujer contó que los policías buscaban perfumes Natura y un termo Stanley rosa. Les explicó que tenía perfumes usados cuya compra podía acreditar con mensajes. De acuerdo con su testimonio, cuando el acta consignó que el allanamiento dio resultado negativo, el comisario pasó a exigirle dinero para no perjudicar la situación procesal de Herrera. Sostuvo que el jefe policial le reclamó 5 millones de pesos y que, ante su negativa, le dijo que debía conseguir al menos 3 millones “para no llevarlo preso a Enzo”. Más aún, afirmó, y así quedó constancia en la denuncia, que Ale “le sugirió a mi pareja que debía vender droga para él si quería evitar problemas”.
De acuerdo con la denuncia, el jefe policial habría pedido hasta cinco millones de pesos para no retirar el arresto domiciliario de la pareja de la mujer y para devolverle su pistola registrada, que desapareció durante el operativo. La hipótesis fiscal apunta a que el comisario, junto a integrantes de su equipo operativo, habría montado un procedimiento irregular para presionar económicamente a la familia.
La causa, que comenzó por un operativo policial presuntamente irregular, ya derivó en el secuestro de numerosos dispositivos electrónicos y horas de análisis digital.
Irregularidades
Los registros oficiales incorporados a la causa revelan que la propia comisaría había asentado ese día la realización de “allanamientos en la jurisdicción”, aunque la detención del sospechoso de hurto simple -el supuesto motivo del operativo inicial- se produjo en otro domicilio y horas antes de que los policías irrumpieran en la casa de la denunciante.
Una parte sustancial del avance de la investigación provino del material aportado por la mujer que realizó la denuncia: 16 videos, 10 capturas de pantalla y audios donde la abogada que la representaba daba indicaciones sobre la entrega del dinero. En uno de los registros, se escucha al comisario evitando hablar de la pistola presuntamente retenida, mientras en otro la mujer relata ante cámara la presión económica y las amenazas contra la situación de su pareja.
El juez Velázquez introdujo además una advertencia institucional que generó debate interno: la requisitoria del caso estaba firmada por un auxiliar fiscal, y aunque avaló la medida, insistió en que la Constitución provincial prohíbe la delegación de funciones del Ministerio Público Fiscal.
El acta del allanamiento ofrece detalles adicionales sobre los lugares donde se encontró el material secuestrado: dos notebooks en el living; siete pendrives distribuidos en un escritorio; un CPU en el pasillo; cinco celulares en el dormitorio principal; un teléfono adicional dentro del vehículo Fiat Cronos del comisario; y otros cinco pendrives dentro de un vehículo. El hallazgo de $8.783.000 en efectivo, contabilizados frente a testigos, se convirtió en un elemento de análisis para la fiscalía.
Uno de los puntos más sensibles sigue siendo la ausencia del arma Firestorm 380. La denunciante declaró que el comisario la retuvo cuando ella no logró completar la suma exigida. La Justicia no sólo no encontró el arma en la vivienda, sino que en el acta quedó asentado que el dinero hallado tampoco fue secuestrado, dado que el Auxiliar Fiscal dispuso su devolución inmediata.
Con estos elementos, la investigación se dirige ahora a determinar no sólo la existencia de una presunta extorsión, sino también el posible funcionamiento de una estructura policial que operaba por fuera de los canales legales. Entre tanto, los peritajes sobre los celulares, pendrives, computadoras y DVR secuestrados podrían ser decisivos para reconstruir la secuencia completa de los hechos. Hasta el momento, no se ordenaron medidas privativas de la libertad para ninguno de los sospechosos.
LA GACETA intentó buscar respuestas tanto en el Ministerio de Seguridad como en el Ministerio Público, sin embargo ninguno quiso hacer declaraciones.
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