Juicio por jurados: una deuda constitucional

Han pasado más de 170 años desde que en la Constitución nacional se estableció el juicio por jurados. Aquel mandato de 1853, concebido como una expresión concreta del sistema republicano y participativo, sigue siendo en gran parte una letra muerta. Y Tucumán, pese a sus avances en materia judicial, es una de las provincias que aún no ha dado ese paso decisivo hacia una justicia verdaderamente ciudadana.

El juicio por jurados no es una mera innovación procesal. Se trata de una de las formas más puras de participación democrática: un espacio en el que los ciudadanos, convocados por sorteo, asumen la responsabilidad de decidir sobre la culpabilidad o inocencia de sus pares en casos graves. Se trata, en definitiva, de confiar en el pueblo, de reconocerle la capacidad de intervenir en una de las funciones esenciales del Estado: impartir justicia. La provincia, sin embargo, mira desde la banquina cómo otras jurisdicciones avanzan.

Días atrás volvió a ponerse sobre la mesa un proyecto de ley que pretende instaurar este sistema. Su propuesta replica, en buena medida, el modelo adoptado por otras jurisdicciones: un jurado de 12 miembros titulares y suplentes, con paridad de género y decisión unánime, reservado para delitos graves cuya pena máxima supere los 15 años de prisión. No es la primera vez que se intenta. Hace al menos dos décadas que la Legislatura recibe proyectos de este tipo, pero con idéntico destino: el archivo.

No se trata de una carencia técnica ni de una imposibilidad institucional. Tucumán cuenta con un Código Procesal Penal moderno, de tipo acusatorio, que ya prevé la participación ciudadana en la administración de justicia. Lo que falta, más que legislación, es voluntad política.

Los proyectos impulsados por distintos sectores han coincidido en los fundamentos. El juicio por jurados completa el proceso de modernización judicial y fortalece la confianza social en los tribunales. Pero en todo este tiempo las iniciativas no pasaron de la etapa de presentación.

Hoy, casi la mitad de los distritos argentinos aplican este sistema, entre ellos Ciudad y Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Salta, Santa Fe, Catamarca y Chaco. Tucumán queda rezagada. Y esa demora no es neutra, ya que erosiona la legitimidad de un poder del Estado que, para ser respetado, necesita también ser comprendido y compartido por la sociedad a la que sirve.

El desafío es político y cultural. Se requiere decisión, pero también confianza. Confiar en que los tucumanos están preparados para juzgar con responsabilidad, escuchar las pruebas, deliberar y decidir. Confiar en que la Justicia puede ser más abierta, más plural y más representativa. La pregunta es si Tucumán finalmente se animará a dar ese paso o si seguirá postergando ese mandato. ¿Queremos una Justicia para los ciudadanos? Mientras el debate siga encerrado en los despachos, la respuesta seguirá siendo la misma. Y la deuda constitucional, también.