Hace 10 Hs
PRESENCIA. Trabajadores de la petrolera estatal escucharon el debate.
CARACAS, Venezuela.- Una reforma legislativa, aprobada por la Asamblea Nacional venezolana, abre esa industria completamente a las inversiones privadas, en línea con los intereses de Estados Unidos, que quiere operar en el país tras derrocar a Nicolás Maduro. El cuerpo legislativo aprobó cada uno de los artículos del texto, que reforma una ley de 2006 y ahora pasa a la presidenta Delcy Rodríguez para su sanción.
“Solo cosas buenas vendrán después del sufrimiento”, expresó el presidente del Parlamento y hermano de la mandataria, Jorge Rodríguez, tras la aprobación de esta ley “para la historia, para el futuro”. La reforma fue propuesta por la propia presidenta, que encabeza un vuelco a la histórica relación hostil con Washington.
Delcy Rodríguez era la vicepresidenta de Maduro y asumió el poder tras la captura del mandatario, el 3 de enero en una operación estadounidense, que incluyó bombardeos a Caracas y otras regiones vecinas. El presidente Donald Trump ha calificado a Rodríguez de “formidable” y ha insistido en su interés por que empresas petroleras estadounidenses inviertan en Venezuela.
La nueva ley ofrece más garantías a los privados, cede el control estatal de la exploración, y menos impuestos. “A través de la nueva ley de hidrocarburos lograremos nuevos ingresos”, expresó el trabajador petroquímico Leonardo Castillo en una marcha en apoyo a Rodríguez hacia el palacio presidencial de Miraflores.
El petróleo de Venezuela está bajo un embargo que impuso Trump en 2019 durante su primer mandato. La industria terminó golpeada por las sanciones, pero también por años de desinversión, corrupción y malos manejos.
La reforma echa por tierra el modelo impulsado por Hugo Chávez, padre de la llamada Revolución Bolivariana. La ley de Chávez en 2006 establecía control estatal sobre la industria donde los privados tenían acceso al negocio petrolero a través de un modelo de empresas mixtas con participación mayoritaria del Estado.
Trump dijo que controlaría la comercialización del petróleo de Venezuela. En los últimos días entregó al país $500 millones de dólares, provenientes de ventas de crudo a precio de mercado, sin los descuentos obligados por las sanciones. El nuevo texto autoriza la emisión de contratos a empresas privadas para explotar, distribuir y comercializar la producción sin participación del Estado, e incluso autorizan la transferencia de sus activos a privados.
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