Felipe "El Militar" Sosa y Érika Antonella Álvarez
La Policía realiza por estas horas allanamientos en distintos puntos del Gran San Miguel de Tucumán para detener a Justina Gordillo, pareja de Felipe “El Militar” Sosa, el único acusado por el crimen de Érika Antonella Álvarez.
El jueves, personal de la División Homicidios, al mando de los comisarios Susana Montero, Diego Bernachi y Miguel Carabajal, presentó ante el fiscal Marcelo Leguizamón el pedido formal para que se ordenara la detención de la empleada judicial que presta servicios en el ámbito de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia.
Aunque por el momento no trascendieron mayores detalles, los investigadores habrían reunido indicios que permitirían sostener que Gordillo participó de un encuentro sexual con Érika y Sosa en la noche en la que la joven fue asesinada. Todavía no está claro si su rol estuvo vinculado directamente al crimen o a un eventual encubrimiento.
La nueva sospechosa en la causa mantenía una relación sentimental con “El Militar” desde hacía varios años. Sus allegados se mostraron sorprendidos al conocer su situación procesal y la describieron como una trabajadora responsable y de perfil bajo.
Sin saber que la Policía había solicitado su detención, el viernes las hermanas de Érika se presentaron en la fiscalía para aportar información sobre Gordillo. Confirmaron que participaba de esos encuentros sexuales y que, por celos, habría insultado a la víctima a través de una red social días antes de su muerte.
Fuentes judiciales indicaron que las hermanas de la joven asesinada declararon que Érika les había contado que desconocía que Gordillo era la pareja de Sosa. “Ella se dio cuenta por las escenas de celos que hacía cuando estaba con él”, habrían manifestado.
Tras tres días de espera, los efectivos iniciaron los allanamientos para intentar localizarla. La búsqueda resultó infructuosa en varios domicilios, aunque sí se secuestró el vehículo que habría sido utilizado para trasladar a Sosa el día en que se cometió el crimen, en una vivienda de Yerba Buena.
Según explicaron fuentes judiciales, la demora en solicitar la detención obedeció a la necesidad de llevar adelante medidas complementarias para reforzar el cuadro probatorio. Una de ellas habría sido el secuestro de una motocicleta que presuntamente utilizó Sosa, diligencia solicitada por personal de Homicidios que no habría sido avalada por el fiscal Carlos Picón, el segundo funcionario que intervino en la causa.
“Vamos a continuar realizando procedimientos en distintos puntos de la provincia hasta lograr su detención. Más allá del resultado de este operativo, la investigación seguirá avanzando porque habría más personas involucradas”, aseguró Joaquín Girvau, jefe de Policía.




















