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CAUSA. El tesorero Pablo Toviggino y el presidente de AFA Claudio Tapia fueron imputados mientras el juzgado reúne información financiera para determinar si hubo incumplimientos.
La causa que investiga la presunta falta de pago de impuestos y cargas previsionales por parte de la Asociación del Fútbol Argentino incorporó información sobre las cuentas bancarias y las colocaciones financieras de la entidad. El expediente está en manos del juez en lo Penal Económico Diego Amarante y del fiscal Claudio Navas Rial, mientras se tramita el pedido de sobreseimiento presentado por el presidente Claudio Tapia.
De acuerdo con lo publicado por Clarín, una de las medidas fue requerir al Banco Credicoop el detalle de todos los movimientos de dinero. Allí la AFA concentra la mayor cantidad de sus cuentas. A partir de esa respuesta, la Justicia recibió datos sobre depósitos que en determinados períodos alcanzaron hasta 8.000 millones de pesos y sobre plazos fijos constituidos en dólares.
Fuentes del caso indicaron que la cuestión a determinar no es el destino que tuvieron esos fondos, sino si al momento de afrontar obligaciones tributarias y previsionales la institución disponía de recursos suficientes. Según la denuncia presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), existirían incumplimientos por alrededor de $19.000 millones correspondientes a distintos tramos de 2024 y 2025.
Con ese impulso, el fiscal formalizó la investigación e imputó, además de Tapia, al tesorero Pablo Toviggino, al secretario general Cristian Malaspina y al director general Gustavo Lorenzo por el delito de retención indebida de aportes. El juzgado dispuso distintas medidas de prueba y aceptó al organismo recaudador como querellante.
La defensa sostuvo que resoluciones administrativas habrían suspendido las ejecuciones fiscales para entidades sin fines de lucro y que, en consecuencia, no existía obligación exigible. Frente a ese argumento, el fiscal pidió consultar a ARCA si esa interpretación alcanzaba también a los vencimientos. Siempre según consignó Clarín, la respuesta fue negativa.
Una vez que se expidan las partes, el magistrado quedará en condiciones de definir el planteo de cierre solicitado por los representantes legales de Tapia y de la entidad. Mientras tanto, la verificación de la información bancaria forma parte de los elementos reunidos para determinar si hubo o no delito.
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