Mediáticamente se la conoció como “Operación Crypto”. Fue la primera vez que las autoridades argentinas descubrieron que en el país se había montado una organización dedicada a lavar activos del Comando Vermelho (CV), una estructura criminal con ramificaciones internacionales. En ese expediente, el fiscal federal logró identificar a cuatro tucumanos que habrían participado en la maniobra.
“Las evidencias enunciadas demuestran, con la certeza necesaria, que varias personas transfirieron el dinero proveniente del tráfico transnacional de estupefacientes hacia la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, con el fin de colocarlo en el sistema financiero para darle apariencia de origen lícito, con pleno conocimiento de su obrar”, sostuvo el magistrado Germán Castelli, según publicó el diario La Nación.
Venta internacional de cocaína
La organización tenía una particularidad: entre sus integrantes había ciudadanos chinos, bolivianos, colombianos y argentinos. Todos ellos, según la estimación del titular de la Procelac, Diego Velasco, habrían colaborado para ingresar al mercado financiero unos US$ 500 millones. En la causa se dejó asentado que los fondos investigados tenían como origen la venta internacional de cocaína.
“Las operaciones de lavado incluyeron el uso de criptoactivos por volúmenes significativos, la constitución de empresas fachada y la adquisición de bienes registrables -como inmuebles y automóviles de alta gama- para introducir fondos de origen ilícito en el circuito legal. El segundo tramo de la investigación se centró en maniobras independientes de la estructura principal encabezada por Marcelo Clayton Alves de Sousa y Hanf Wang, vinculadas con transferencias informales de divisas en la región realizadas entre 2022 y 2023”, se consignó en el sitio fiscales.gob.ar. El brasileño y el ciudadano chino se encuentran prófugos.
Desde la Procelac sostuvieron que todos los integrantes de la organización lavaron dinero mediante la aplicación de fondos provenientes de las actividades delictivas del Comando Vermelho en la compra de automóviles e inmuebles.
El caso, que llegó a la instancia de juicio oral, se resolvió para ocho de los acusados mediante la homologación de acuerdos de juicio abreviado. Las penas fijadas por el Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) fueron de tres años de prisión en suspenso.
Las multas impuestas ascienden a $2.460 millones, aplicadas de manera proporcional según el grado de participación de cada condenado. Los montos individuales oscilaron entre $40 millones y $720 millones. Otros cinco acusados deberán afrontar un juicio oral.






















