Hace 13 Hs
El Gobierno nacional luego de la media sanción otorgada al proyecto de reforma laboral, decidió dar marcha atrás sobre uno de sus artículos más controvertidos. El motivo fue el evidente error contenido en el artículo 44, aprobado en el Senado, que introducía modificaciones al régimen de licencias médicas y habilitaba la posibilidad de que los empleadores redujeran el salario de trabajadores con licencia por enfermedad o por accidentes no laborales. La rectificación no fue producto de una reflexión profunda, sino de la advertencia -seguramente inevitable- de que semejante disposición terminaría generando un conflicto judicial de magnitud, con un alto costo político para el Estado. Era previsible: afectar derechos laborales consolidados suele derivar en litigiosidad inmediata. Ante este escenario, surge una pregunta inevitable: ¿la senadora nacional Beatriz Ávila, que ha acompañado sistemáticamente a todos los oficialismos de turno pese a haber accedido a su banca desde la oposición, estudió el proyecto antes de votarlo? ¿Las comisiones vinculadas al trabajo y a la defensa de los derechos laborales analizaron con detenimiento el alcance real de la norma? Los hechos parecen indicar que no. La improvisación quedó expuesta y, con ella, la responsabilidad política de quienes levantan la mano sin medir las consecuencias. No se trata solo de un error técnico: se trata de decisiones que impactan directamente en la vida y en la estabilidad de miles de trabajadores. La discusión de reformas estructurales exige seriedad, estudio y responsabilidad institucional. Lo contrario no es audacia reformista; es desprolijidad legislativa.
Williams Fanlo
willyucr@gmail.com
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