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Régimen Penal Juvenil obtuvo dictamen en el Senado con fuertes testimonios de familiares de víctimas
Con relatos desgarradores de familiares de víctimas de delitos cometidos por menores, el Régimen Penal Juvenil obtuvo dictamen en el Senado y quedó listo para ser debatido en el recinto. El proyecto, que ya cuenta con media sanción de Diputados, propone bajar la edad de imputabilidad a 14 años.
El Senado de la Nación dictaminó este jueves el proyecto de ley que establece un nuevo Régimen Penal Juvenil y reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. El despacho se firmó en un plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda, y el oficialismo buscará llevar la iniciativa al recinto la próxima semana, en una sesión aún no convocada oficialmente.
La propuesta ya había obtenido media sanción el 12 de febrero en la Cámara de Diputados y forma parte de uno de los ejes centrales de la agenda legislativa del oficialismo en materia de seguridad.
Debate en comisiones y cruce político
Durante el plenario, el senador Juan Carlos Guzmán Coraita defendió el proyecto al señalar que tiene un “intenso recorrido en el Congreso”. Recordó que en Diputados fue tratado en cuatro comisiones y que entre julio de 2024 y mayo de 2025 se realizaron nueve reuniones formales con la participación de 28 especialistas de distintas disciplinas.
“El debate incorporó perspectivas jurídicas, médicas, criminológicas, neurocientíficas e institucionales. Este recorrido robusto es el que da sustento al dictamen”, sostuvo, y agregó que la reforma busca reemplazar un régimen vigente desde 1980 por una norma acorde a los estándares constitucionales e internacionales.
Según explicó, el texto establece principios rectores como legalidad, proporcionalidad, debido proceso, derecho de defensa y plazos razonables, además de contemplar medidas socioeducativas y sanciones alternativas que permitan graduar la respuesta penal según la gravedad del hecho.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Ezequiel Atauche, detalló que los artículos 50 y 51 prevén asignaciones presupuestarias específicas para el Ministerio de Justicia y para la Defensoría General de la Nación.
Desde el bloque de Unión por la Patria, la senadora Juliana Di Tullio cuestionó el procedimiento y denunció que el oficialismo les había comunicado que no habría oradores adicionales. “Ustedes no quieren debatir, quieren llevar de prepo un dictamen”, afirmó.
Los testimonios que marcaron la jornada
La reunión estuvo atravesada por los testimonios de familiares de víctimas de delitos cometidos por menores de edad, quienes reclamaron cambios urgentes en la legislación.
Laura Fernández, madre de Lara —asesinada a los 17 años en un asalto en Lomas de Zamora— relató que el autor del disparo tenía 15 años y antecedentes penales. “¿Se podría haber evitado? Sí”, afirmó, y pidió a los senadores que piensen también en las víctimas: “Para nosotros ya no hay justicia”.
Romina, madre de Jeremías Monzón, cuestionó los discursos sobre reinserción: “Explíquenme cómo hago para reinsertar a mi hijo muerto”. En la misma línea, Mariela Jesica Flores, madre de Joaquín Sperani, denunció trabas judiciales que, según afirmó, les impidieron ejercer plenamente sus derechos como querellantes.
Nicolás Sabo, hijo del quiosquero Roberto Sabo —asesinado en Ramos Mejía en 2021— reclamó mayor empatía hacia las familias y sostuvo: “Parece que nuestros derechos no importan”.
También expusieron Romina Bordón, madre de Alan; Karina Albarenga, madre de Lautaro Padín; Evelyn Mendoza, madre de Isaías —quien permanece en estado vegetativo tras una golpiza—; y María Eugenia Rodríguez Álvarez, madre de Uma Aguilera, la niña asesinada en un asalto.
Los relatos coincidieron en un pedido común: que el Congreso avance con una reforma que contemple tanto la responsabilidad penal de los menores como los derechos de las víctimas.
Próximo paso: el recinto
Con el dictamen firmado, el proyecto de Régimen Penal Juvenil quedó habilitado para su tratamiento en el recinto del Senado. El oficialismo buscará convertirlo en ley en las próximas semanas.
La discusión promete ser intensa. De un lado, quienes sostienen que bajar la edad de imputabilidad es una herramienta necesaria frente a delitos graves cometidos por menores. Del otro, sectores que advierten sobre el impacto de la reforma y reclaman un abordaje integral que priorice políticas preventivas.
Mientras tanto, las voces de las familias marcaron el tono de una jornada atravesada por el dolor y la exigencia de respuestas concretas del Estado.
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