Por Virginia Daniela Gómez
Hace 6 Hs
VTV
La Verificación Técnica Vehicular (VTV) constituye un requisito obligatorio para circular por el territorio argentino, por lo que su incumplimiento califica como una falta de carácter grave. Cada año, diversos conductores permiten el vencimiento del plazo por descuido o falta de información, omitiendo la gravedad de las consecuencias legales inmediatas que esta situación conlleva.
La normativa vigente tanto en la Ciudad como en la Provincia de Buenos Aires carece de periodos de tolerancia tras la fecha de caducidad. En el instante posterior al vencimiento detallado en la oblea, el vehículo entra automáticamente en infracción, quedando sujeto a sanciones efectivas ante cualquier control de tránsito en la vía pública.
Desde cuándo rige la infracción
En la provincia de Buenos Aires, la dirección provincial de VTV permite completar el trámite hasta 30 días antes del vencimiento con el fin de conservar el mes asignado originalmente. No obstante, una vez que superaste la fecha impresa en el parabrisas, el sistema no otorga ningún plazo de gracia para regularizar la situación sin estar en infracción.
Esto implica que, si el certificado caduca el 23 de noviembre, el vehículo pierde su habilitación legal para circular a partir del día 24. Resulta fundamental aclarar que la constancia de turno carece de validez para transitar, ya que haber reservado un día y horario no sustituye bajo ninguna circunstancia a la verificación técnica vigente.
Cuánto puede costar la multa
En la provincia de Buenos Aires, el Decreto 532/09 establece sanciones de entre 300 y 1000 Unidades Fijas (UF) por circular sin la revisión técnica obligatoria. El valor de dicha unidad depende del precio del litro de nafta de mayor octanaje informado por el Automóvil Club Argentino en La Plata, con actualizaciones periódicas que fijan montos actuales de entre $542.100 y $1.807.000 para los casos de mayor gravedad.
Retención del vehículo y otros efectos
Durante los controles en la vía pública, las autoridades cuentan con la facultad de disponer la retención del vehículo hasta que el titular regularice su situación. En territorio provincial, estos operativos funcionan mediante la acción conjunta entre las fuerzas de seguridad y los organismos municipales. Además de abonar la multa correspondiente, el propietario deberá afrontar los costos derivados del acarreo y la estadía en caso de que el rodado termine en un depósito oficial.
En determinadas circunstancias, los agentes podrían retener la licencia de conducir por un periodo de 30 días y entregar, en su lugar, un permiso provisorio de circulación. A estas sanciones se sumó un riesgo patrimonial significativo: si el vehículo participa en un siniestro sin la verificación vigente, la compañía aseguradora podría objetar la cobertura. Esta falta de respaldo legal dejaría al conductor ante la obligación de responder con sus propios recursos frente a los daños ocasionados.
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