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TRIBUNALES. El presidente de AFA presentó un escrito ante el juzgado penal económico y cuestionó la validez del trámite impulsado por ARCA.
El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, solicitó que se deje sin efecto su citación a declaración indagatoria en la causa en la que se lo investiga por la supuesta retención indebida de aportes e impuestos. La audiencia estaba prevista para el 5 de marzo ante el juez en lo Penal Económico Diego Amarante.
La presentación fue realizada por su defensa, encabezada por el abogado Lucio Simonetti. En el escrito, Tapia sostuvo que avanzar con la indagatoria en esta instancia vulnera garantías constitucionales, ya que aún está pendiente una resolución de la Cámara Nacional en lo Penal Económico sobre un planteo previo de inexistencia de delito.
La investigación se originó a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que reclama más de $19.300 millones por aportes patronales e impuestos que, según la acusación, habrían sido retenidos pero no ingresados entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. Además de Tapia, fueron citados el tesorero Pablo Toviggino y los dirigentes Cristian Malaspina y Gustavo Lorenzo.
La defensa planteó una excepción de falta de acción por atipicidad, al sostener que los hechos investigados no configuran un delito. Ese planteo fue rechazado por el juez y apelado ante la Cámara. Según el argumento presentado, si el tribunal de alzada revocara esa decisión, cualquier indagatoria realizada quedaría sin sustento jurídico.
En su escrito, Tapia también cuestionó que la convocatoria haya sido impulsada por ARCA como querellante y no por el fiscal, y consideró que permitir ese avance mientras la acción penal está bajo revisión altera el equilibrio procesal previsto en el Código Procesal Penal.
En paralelo, el juez ya había postergado la indagatoria de Toviggino para el 13 de marzo tras la designación de un nuevo abogado. También rechazó un pedido del tesorero para declarar por videoconferencia, al exigir su presencia en el juzgado.
Los dirigentes apelaron además la prohibición de salida del país dictada en el expediente. En el caso de Tapia, el magistrado autorizó viajes a Brasil y Colombia tras el pago de una caución de cinco millones de pesos.
Ahora será el juez Amarante quien deba resolver si hace lugar al pedido de nulidad presentado por la defensa o si mantiene la convocatoria a indagatoria en la fecha fijada.
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