Crimen de las francesas en Salta: Bouvier denunció una justicia viciada y acusó al poder político de fabricar culpables

El lenguaje, a veces, se queda corto para nombrar el horror. En español, quien pierde a sus padres es huérfano y quien pierde a su cónyuge es viudo, pero no existe una palabra para definir a un padre que ha perdido a su hijo. Jean-Michel Bouvier, sin embargo, encontró esa palabra en su lengua materna y la convirtió en su bandera de lucha. Este lunes y martes, los pasillos de los tribunales de Salta vieron caminar a un hombre que, a sus 77 años y con la salud minada por el tiempo, vestía una sencilla remera blanca con una frase que lo decía todo: "je suis desénfanté" (estoy deshijado). Bajo esa leyenda escrita en minúsculas, como si el dolor no necesitara de gritos ni mayúsculas para ser absoluto, una pequeña estampa con el rostro de su hija Cassandre recordaba el motivo de su presencia.

Pasaron casi quince años desde aquel 29 de julio de 2011, cuando los cuerpos de Cassandre Bouvier y Houria Moumni fueron hallados en la Quebrada de San Lorenzo tras un calvario de golpes, abusos y disparos. Sin embargo, para Jean-Michel, el reloj se detuvo en ese instante y solo volvió a andar para denunciar lo que él mismo calificó ante los fiscales como una "farsa judicial y policial". Durante dos jornadas maratónicas que sumaron más de ocho horas de testimonio, el ciudadano francés se sentó frente a la Unidad Fiscal Especializada —integrada por María Luján Sodero Calvet, Pablo Rodrigo Paz, Gabriel González y Daniel Espilocín— para desarmar, pieza por pieza, la instrucción que marcó el destino de la causa.

Las denuncias de Bouvier

Bouvier no llegó a Salta para repetir lo ya dicho; llegó para señalar, según él, las sombras que el poder político y judicial de la época intentó ocultar. En un relato crudo y asistido por traductores, apuntó directamente contra el entonces juez de instrucción Martín Pérez, acusándolo de haber liderado una investigación viciada por irregularidades. El padre de Cassandre fue más allá y denunció las presiones que, según su visión, emanaron desde el Ejecutivo provincial encabezado por el entonces gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey. Según su testimonio, la urgencia política por ofrecer "culpables" a la opinión pública internacional forzó una instrucción deficiente que terminó condenando a inocentes y dejando cabos sueltos que hoy, década y media después, siguen clamando por justicia.

Uno de los puntos más técnicos de su declaración fue la impugnación de la data de muerte. Bouvier recordó con precisión quirúrgica cómo los primeros informes forenses situaban los fallecimientos entre el 26 y 27 de julio de 2011, apenas unas horas antes del hallazgo de los cuerpos. Sin embargo, esas pericias fueron rectificadas de forma arbitraria para fijar las muertes el 15 de julio, una fecha que permitía cerrar el círculo sobre la única línea investigativa que el juez Pérez estaba dispuesto a seguir. Para el padre deshijado, esta manipulación pericial fue la piedra angular de una mentira que permitió que otros responsables —cuyos perfiles genéticos fueron hallados por científicos franceses pero nunca cotejados en Salta— sigan hoy en libertad.

El inocente

La defensa de Santos Clemente Vera también ocupó un lugar central en su exposición. Bouvier calificó de atroz la década que el baqueano pasó en prisión siendo inocente, convertido en el chivo expiatorio de una maquinaria que necesitaba cerrar el caso a cualquier costo. Tras el sobreseimiento de Vera en 2025 y la anulación de su condena por parte de la Corte Suprema, la reapertura de la causa se convirtió en un imperativo ético. Bouvier insistió en que es físicamente imposible que una sola persona, Gustavo Lasi —único condenado actual—, haya podido reducir, vejar y asesinar a dos mujeres jóvenes de forma simultánea, reforzando la tesis de que el crimen fue cometido por un grupo que gozó de protección o desidia investigativa.

Misión en París

Este testimonio marca el cierre de una etapa en Salta y el inicio de una misión técnica sin precedentes en territorio europeo. Con las palabras de Bouvier ya asentadas en el expediente, la Justicia salteña se prepara para enviar una comitiva oficial a París para realizar una auditoría científica profunda. Este equipo de alto nivel está conformado por la fiscal de femicidios María Luján Sodero Calvet, el fiscal de transición Pablo Rodrigo Paz, el fiscal de graves atentados Gabriel González y el fiscal Daniel Espilocín. Junto a ellos, viajarán especialistas del Servicio de Biología Molecular del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), quienes tendrán la responsabilidad de inspeccionar los laboratorios galos, conocer las técnicas de ADN utilizadas por los científicos franceses y gestionar la remisión de la copia íntegra del expediente tramitado en Francia.

El objetivo de este viaje a Europa es finalmente dar nombre a los tres perfiles genéticos no identificados que Bouvier reclama desde hace años. La tecnología de 2026 y la cooperación internacional son ahora las herramientas con las que se busca perforar el muro de impunidad que rodeó a la Quebrada de San Lorenzo.