Por Gustavo Rodríguez
21 Marzo 2026
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Un fallo judicial le dio una nueva oportunidad para que Justina Gordillo, acusada de encubrimiento del crimen de Érika Antonella Álvarez, recupere la libertad o bien, cumpla la prisión preventiva que le dictaron bajo la modalidad de arresto domiciliario.
En una audiencia realizada ayer, los defensores María Florencia Abdala y Camilo Atim cuestionaron el fallo del juez Bernardo L’Erario Babot, en el que se les había negado acceder a esos pedidos.
Los profesionales habían argumentado que, a lo largo de los días, habían surgido nuevos elementos que modificaban la situación de la empleada. Entre otras cuestiones, señalaron que los supuestos coautores del homicidio que se movilizaban en un Chevrolet Corsa eran unos vecinos.
Coartada
Indicaron, además, que en el expediente figuraba que el cuerpo de Érika había sido arrojado en el lugar el 7 de enero a las 11.40, cuando ella se encontraba en su puesto de trabajo. También señalaron que quedó demostrado que no había tenido nada que ver con el ocultamiento de la camioneta. El juez rechazó el planteo, asegurando que esa era una situación que se debía resolver en un juicio oral. Al analizar el caso, la jueza María Jimena Suárez falló a favor de la defensa de la acusada, pese a la oposición del Ministerio Público y la querella ejercida por Carlos Garmendia.
La magistrada resolvió que se realice una nueva audiencia para resolver la cuestión. El debate fue programado para el martes. Sin embargo, el lunes, el fiscal Pedro Gallo agravó la acusación en contra de la empleada judicial. Logró que la acusaran de que, con esa maniobra, había buscado obtener un rédito económico para ella y para su pareja en ese momento, Felipe “El Militar” Sosa.
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