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Maduro comparece en Nueva York tras 82 días preso y busca anular su juicio por narcoterrorismo
La defensa del ex mandatario venezolano sostiene que el proceso viola garantías constitucionales en Estados Unidos. El planteo, basado en las enmiendas Quinta y Sexta, sería rechazado por el tribunal de Manhattan.
CAPTURA. El operativo de Estados Unidos para atrapar a Maduro, el 2 de enero, incluyó bombardeo a Caracas.
Luego de 82 días en prisión, Nicolás Maduro comparece hoy ante la Corte de Nueva York con un objetivo preciso: lograr que el juez Alvin Hellerstein anule el juicio penal en su contra por narcoterrorismo. Su defensa argumenta que el proceso vulnera derechos garantizados por la Quinta y la Sexta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, una interpretación jurídica que, según fuentes del caso, sería considerada improcedente.
La estrategia fue diseñada por su abogado, Barry J. Pollack, quien elaboró un planteo constitucional que gira sobre dos ejes principales. Por un lado, sostiene que Maduro no cuenta con recursos para afrontar su defensa. Por otro, afirma que esa supuesta insolvencia afecta su derecho a elegir abogado.
En un escrito de 17 fojas, Pollack argumentó que la legislación venezolana otorga a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, un derecho de propiedad sobre el pago de sus honorarios legales. En ese sentido, cuestionó la decisión de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de revocar licencias que, según la defensa, les impedían financiar su representación.
“La ley venezolana otorga al Sr. Maduro y a la Sra. Flores de Maduro un derecho de propiedad sobre el pago de sus honorarios legales. La revocación de las licencias originales por parte de la OFAC y la negativa a restablecerlas interfiere con su derecho a contratar al abogado de su elección”, sostuvo el letrado en la foja 4 del documento, al que accedió Infobae.
Más adelante, en la foja 11, amplió su planteo al señalar que el gobierno estadounidense no puede invocar razones de seguridad nacional o política exterior para limitar derechos procesales internos. En ese marco, citó precedentes judiciales como Brady v. Maryland y disposiciones de la Ley de Procedimientos de Información Clasificada (CIPA), al advertir que, si no se garantiza el acceso a pruebas exculpatorias, corresponde desestimar la acusación.
Sin embargo, la refutación a estos argumentos aparece como directa. En primer lugar, se sostiene que los fondos del Estado venezolano no pueden utilizarse para financiar la defensa de Maduro ni de su esposa, ya que no son autoridades legítimas y habrían ocupado el poder tras un fraude electoral.
Además, ambos deberían demostrar que carecen de recursos propios, algo que resulta difícil de acreditar frente a una fortuna considerada incalculable. En este contexto, la Sexta Enmienda garantiza el derecho a defensa, pero no necesariamente a través de abogados financiados con fondos bloqueados por el Tesoro estadounidense. El tribunal, de hecho, puede designar un defensor público.
Respecto a la Quinta Enmienda, la defensa tampoco menciona la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), que otorga amplias facultades a la Casa Blanca para regular transacciones con gobiernos extranjeros por motivos de seguridad nacional.
En paralelo, y pese a que el gobierno venezolano estaba dispuesto a afrontar los costos legales, el presidente Donald Trump ratificó que no se habilitarán fondos de ese país para sostener la defensa del ex mandatario.
Maduro enfrenta cargos por narcoterrorismo en una causa que se apoya, entre otras pruebas, en un informe de la DEA que documenta presuntas vinculaciones con Irán. Según ese dossier de 28 fojas, al que también accedió Infobae, la alianza entre Caracas y Teherán habría permitido evadir sanciones internacionales mediante una compleja red financiera.
El informe detalla que ese entramado involucra fondos conjuntos, fideicomisos y bancos corresponsales en distintos países, y que canaliza recursos hacia empresas estatales iraníes en sectores estratégicos como energía y construcción naval. También advierte sobre cooperación en áreas militar y nuclear, incluyendo transferencia de tecnología y presuntas maniobras de contrabando de uranio.
A su vez, el documento sostiene que Venezuela habría funcionado como plataforma para organizaciones consideradas terroristas por Estados Unidos, facilitando actividades como lavado de dinero, tráfico de drogas y armas, y emisión irregular de documentos.
Estas redes, según la investigación, se vinculan además con estructuras criminales en la región, incluyendo remanentes de las FARC, organizaciones ecuatorianas y carteles mexicanos, configurando un esquema híbrido de crimen transnacional.
En el expediente también están imputados Cilia Flores; Diosdado Cabello, actual ministro del Interior venezolano; Ramón Rodríguez Chacín, exfuncionario de esa cartera; Nicolás Maduro Guerra, hijo del exmandatario; y Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, señalado como líder del Tren de Aragua.
El juez Hellerstein deberá resolver no solo el planteo de la defensa, sino también un pedido de los fiscales federales para evitar que las pruebas recolectadas sean compartidas con el resto de los acusados.
Si no surgen imprevistos, la decisión se conocerá hoy mismo. Todo indica que el magistrado rechazará la solicitud de anular el juicio y respaldará la postura de la fiscalía para restringir el acceso a la evidencia. La audiencia está prevista para el mediodía en Nueva York.
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