CAPTURADO. Nicolás Maduro fue secuestrado de Caracas el pasado 3 de enero por el ejército de Estados Unidos. FOTO TOMADA DE INFOBAE.COM
El juez federal de distrito Alvin Hellerstein cuestionó los argumentos de la fiscalía en torno a las restricciones para que el gobierno de Venezuela financie la defensa de Nicolás Maduro, en el marco del proceso judicial que enfrenta en Estados Unidos (EEUU).
Durante la audiencia, el fiscal federal adjunto Kyle Wirshba sostuvo que el gobierno debe poder “utilizar las sanciones para influir en la política exterior o la seguridad nacional”. “Ese es el propósito de las sanciones y una razón justificable para limitar el acceso a los fondos”, señaló. Y remarcó que este criterio es previo al caso actual.
Además, explicó que la Oficina de Control de Activos Extranjeros mantiene vigentes esas restricciones por motivos vinculados a la seguridad nacional.
Sin embargo, el magistrado expresó reparos frente a esa postura. “El acusado está aquí. Flores está aquí. No representan ninguna amenaza adicional para la seguridad nacional. No lo veo así”, afirmó, consignó la cadena internacional CNN.
Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, permanecieron sentados en la mesa de la defensa durante la audiencia, siguiendo la exposición con auriculares mientras avanzaba la vista judicial.
En ese contexto, el juez solicitó escuchar al abogado defensor, Barry Pollack, quien argumentó que se está vulnerando el derecho a la asistencia letrada. Según sostuvo, los acusados tienen derecho “no solo a una defensa competente, sino a una defensa de su elección, y al uso de fondos no contaminados para ese fin”.
Pollack agregó que Maduro y Flores no pueden afrontar por sí mismos los honorarios legales, por lo que consideró que el Estado venezolano debería poder cubrir esos costos. “Tienen el derecho absoluto a utilizar sus fondos para pagar su defensa”, afirmó.
El juez Hellerstein preside la sala. Maduro y su esposa, Cilia Flores, se declararon inocentes de los cargos de tráfico de drogas y armas tras ser secuestrados en su complejo presidencial de Caracas en enero, en una operación militar estadounidense llevada adelante durante la noche.
El abogado de Maduro declaró el mes pasado que se verá obligado a retirarse del caso si Estados Unidos no permite que el gobierno de Venezuela pague sus honorarios. Tanto los Maduro como Caracas están sancionados por Estados Unidos, lo que significa que cualquiera que solicite el pago debe obtener una licencia para evitar infringir las leyes de sanciones estadounidenses.
