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Procesan a Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino por presunta evasión millonaria en la AFA
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El juez Diego Amarante procesó a Claudio Tapia y Pablo Toviggino por presunta evasión de $19.000 millones en la AFA al no depositar retenciones impositivas entre 2024 y 2025.
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La investigación de ARCA indica que la AFA retuvo IVA y aportes sin transferirlos a término. Se dictaron embargos por $350 millones y Tapia tiene prohibido salir del país.
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El procesamiento impacta en la imagen de gestión de la AFA y escala la tensión con el Gobierno de Milei, quien afirmó que cualquier persona que cometa un delito debe pagar.
PROCESADOS. Pablo Toviggino y Claudio "Chiqui" Tapia en la reunión de Comité Ejecutivo de la AFA | Foto vía X: @AFA.
El juez en lo Penal Económico, Diego Amarante, procesó al presidente de la AFA, Claudio Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino en el marco de una causa por presunta evasión fiscal vinculada a retenciones impositivas y aportes previsionales no depositados en tiempo y forma.
La investigación, impulsada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, sostiene que la Asociación del Fútbol Argentino habría actuado como agente de retención de tributos nacionales, como IVA, Impuesto a las Ganancias y contribuciones a la seguridad social, sin transferir los fondos dentro del plazo legal establecido.
Según la causa, los montos involucrados corresponden al período comprendido entre marzo de 2024 y septiembre de 2025, y superan los $19.000 millones. Si bien desde la AFA argumentaron que la deuda fue cancelada, lo habría sido fuera de término, situación que igualmente configura el delito investigado.
PROCESADOS. Claudio Tapia y Pablo Toviggino fueron procesados por presunta evasión fiscal.
Además del procesamiento, el magistrado dispuso un embargo sobre los bienes de Tapia y Toviggino por $350 millones de pesos cada uno, y mantuvo la prohibición de salida del país para el titular de la AFA.
En paralelo, el presidente Javier Milei tomó distancia del caso y remarcó que la denuncia fue presentada por el organismo recaudador. “Si una persona comete un delito, tiene que pagar”, sostuvo, al tiempo que subrayó que el Gobierno no interfiere en decisiones judiciales.
El avance de la causa contrasta con recientes comunicados institucionales de la AFA, en los que la entidad había destacado la “transparencia” y la modernización de su gestión durante el mandato de Tapia. En ese sentido, el documento oficial remarcaba el fortalecimiento de la estructura administrativa y el crecimiento en los ingresos, en un contexto que ahora queda bajo la lupa judicial.
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