Hace 9 Hs
El Gobierno apelará el fallo que ratificó la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario
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El Gobierno nacional apelará el fallo judicial que ratificó la Ley de Financiamiento Universitario para evitar la actualización inmediata de salarios y becas según la inflación.
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La Cámara Federal ordenó aplicar la ley 27.795 tras la insistencia del Congreso. Nación recurrirá a la Corte Suprema mientras planea pagos mensuales para no afectar el presupuesto.
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La resolución final en la Corte definirá el equilibrio entre el ajuste fiscal y el presupuesto educativo, impactando en la sostenibilidad de las universidades públicas nacionales.
El Gobierno apelará el fallo que ratificó la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y ordenó actualizar salarios docentes y no docentes, recomponer becas y sostener partidas para investigación. Los equipos jurídicos de Nación ya trabajan sobre los expedientes y prepara la estrategia judicial mientras define una salida administrativa.
La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó la cautelar sobre la ley 27.795, promulgada el 21 de octubre de 2025 tras la insistencia del Congreso. El Ejecutivo planea primero apelar ante la misma Cámara que dictó la resolución a través de un recurso extraordinario federal.
Ante la Corte
La Casa Rosada espera que esa vía sea rechazada y planea luego elevar la queja ante la Corte Suprema. El oficialismo sostiene que aplicará en paralelo la norma “por goteo”. La decisión política que transmiten en Balcarce 50 es avanzar con transferencias mensuales para cumplir con la manda judicial, pero sin consolidar de una vez todo el costo dentro del presupuesto anual.
El eje técnico del conflicto está en los artículos 5 y 6 de la ley, en los que se establece que el Poder Ejecutivo debe actualizar los salarios de docentes y no docentes universitarios entre el 1 de diciembre de 2023 y la sanción de la norma en un porcentaje no inferior a la inflación de ese período, además de recomponer todos los programas de becas estudiantiles por la variación acumulada del IPC. La propia ley también prevé partidas para investigación y habilita adecuaciones presupuestarias para asegurar su cumplimiento.
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